Sánchez pide al Supremo que permita votar a los descendientes del exilio

Pedro Sánchez pidió el 11 de octubre al Tribunal Supremo que levantara la suspensión cautelar que afectaba al derecho al voto de personas nacionalizadas al amparo de la llamada ley de nietos. El presidente del Gobierno hizo la petición durante un mitin de precampaña en Ponferrada, un día antes de que el tribunal examinara si mantenía o revocaba la medida de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Sánchez sostuvo que debía garantizarse la participación electoral de los descendientes de españoles exiliados. En el acto afirmó que la suspensión podía dejar fuera a alrededor de 400.000 personas, cifra que atribuyó al colectivo potencialmente afectado, y cuestionó que se impidiera votar a ciudadanos que ya habían participado en elecciones anteriores. Esa cifra formó parte de su argumento político y no era una determinación judicial del número de electores que finalmente quedarían excluidos.

El presidente dirigió sus críticas a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a quienes atribuyó impulsar la impugnación de las instrucciones que permitían incluir a estas personas en el censo. La acusación se presentó como parte de su intervención electoral; la noticia registró la petición dirigida al tribunal, no una decisión judicial sobre las responsabilidades que Sánchez les atribuyó.

El mitin también conectó la cuestión del sufragio con el llamamiento a participar en las generales. Sánchez criticó las dudas expresadas por la derecha sobre el voto por correo y animó a sus seguidores a acudir a las urnas. La vivienda seguía siendo otro eje de la precampaña socialista, pero en Ponferrada el presidente colocó el debate sobre el derecho de voto y la ley de nietos en primer plano.

La intervención no alteró por sí misma la medida cautelar: la decisión correspondía al Supremo. Su efecto inmediato fue elevar el asunto al centro de la disputa electoral en vísperas de la resolución del tribunal.