El Gobierno nombra a Pilar Trinidad delegada en Madrid tras la dimisión de su antecesor
El Consejo de Ministros aprobó el 27 de octubre de 2026 el nombramiento de María Pilar Trinidad Núñez como delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. El relevo se produjo tras la dimisión del anterior titular, en plena preparación de las elecciones generales de 2026, convocadas para el 29 de noviembre.
Pilar Trinidad procedía de la Subdelegación del Gobierno en Madrid, a la que se había incorporado en diciembre de 2023. Su promoción supone pasar a dirigir la representación territorial del Ejecutivo estatal en la comunidad. Es doctora en Derecho y profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales; antes había desempeñado responsabilidades de gestión universitaria.
La salida de su antecesor se había anunciado el domingo anterior, después de quedar fuera de las candidaturas socialistas a las generales. La portavoz Elma Saiz comunicó el nombramiento en la rueda de prensa posterior al Consejo y presentó aquella dimisión como una decisión personal cuya responsabilidad correspondía a quien la había adoptado.
El cambio al frente de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid coincidió con la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol, las protestas educativas y la convocatoria de una huelga general para noviembre. La nueva responsable asumirá la representación estatal en ese contexto de movilizaciones y de preparación electoral.
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El Gobierno aprueba préstamos de 2.196 millones a Navantia para tres programas navales
El Consejo de Ministros aprobó el 27 de octubre de 2026 un real decreto para conceder a Navantia anticipos reembolsables por 2.196 millones de euros. La financiación se destina a tres programas de modernización de sistemas y capacidades navales relacionados con la defensa española.
La partida principal, de 1.786 millones, corresponde a la participación de España en el programa europeo European Patrol Corvette, que prevé desarrollar y construir seis corbetas de nueva generación. Otros 210 millones financiarán la modernización tecnológica de los cazaminas de la clase Segura, y 200 millones se dedicarán a unidades de superficie y submarinas, incluidos los submarinos S-80.
Los préstamos tendrán un interés del 0 % y carácter plurianual entre 2026 y 2031. Su desembolso quedará ligado al cumplimiento de hitos certificados por el Ministerio de Defensa. El Ejecutivo justificó la concesión directa por la singularidad de los programas y por las elevadas inversiones iniciales que requieren.
La medida se encuadra en la colaboración entre el Ministerio de Industria y Turismo y el Ministerio de Defensa para prefinanciar programas militares. El Gobierno espera que sostenga la actividad de los astilleros y de sus proveedores. El acuerdo autoriza financiación reembolsable: la construcción y modernización de las unidades se desarrollará conforme a los programas y sus hitos.
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El Gobierno autoriza 2.090,3 millones para financiar gastos no contributivos de la Seguridad Social
El Consejo de Ministros autorizó el 27 de octubre de 2026 una transferencia de crédito de 2.090,3 millones de euros al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El acuerdo amplía la dotación de 2026 para atender aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social vinculadas a gastos de naturaleza no contributiva.
La operación responde a la primera recomendación del Pacto de Toledo de 2020, sobre separación de las fuentes de financiación. Conforme a ese criterio, las prestaciones contributivas deben sostenerse básicamente con cotizaciones, mientras que las prestaciones no contributivas y universales corresponden a la financiación mediante impuestos y Presupuestos Generales del Estado.
El Ministerio de Hacienda cifró en 2.090,3 millones las necesidades adicionales del ejercicio y las consideró inaplazables para cumplir el compromiso de financiación estatal. El expediente se ampara en la Ley de Presupuestos de 2023, prorrogada para 2026, y en la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social.
El efecto del acuerdo es habilitar crédito para esas transferencias entre el Estado y la Seguridad Social durante 2026. La decisión se refiere a la financiación del sistema; no establece en sí misma una nueva cuantía individual de pensión ni modifica los requisitos de acceso a las prestaciones.
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Comuns retira sus listas al Senado en Girona, Lleida y Tarragona tras pactar con el PSC
El Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) y Catalunya en Comú (Comuns) anunciaron el 27 de octubre de 2026 un acuerdo por el que los comunes retirarán sus candidaturas al Senado en Girona, Lleida y Tarragona. El pacto se enmarca en las elecciones generales de 2026, previstas para el 29 de noviembre.
Comuns se comprometió a favorecer la concentración del voto en las listas socialistas de esas tres circunscripciones. A cambio, el PSC garantizará la propuesta de un senador autonómico de los comunes después de los comicios. Esa representación se tramitará mediante designación parlamentaria autonómica y no mediante la inclusión de ese candidato en las listas provinciales al Senado.
Las dos formaciones presentaron el acuerdo como una respuesta al pacto anunciado la víspera por el Partido Popular y Vox. Ese entendimiento de las derechas incluía la retirada del PP en Girona y Tarragona, entre otras circunscripciones, para favorecer las posibilidades de representación de Vox.
Socialistas y comunes atribuyeron a su decisión el propósito de lograr una mayoría progresista en el Senado y evitar la elección de senadores de Vox por Cataluña. Esos objetivos son la justificación política del pacto: el anuncio cambia la oferta de candidaturas, pero su resultado en escaños dependerá de la votación del 29 de noviembre.
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Feijóo promete agravar las penas por disturbios con el rostro cubierto o convocados en redes
Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, anunció el 27 de octubre de 2026 que, si llega al Gobierno, impulsará un agravamiento de las penas para los disturbios y actos vandálicos cometidos con el rostro cubierto. También propuso incrementar las penas cuando esos actos se convoquen a través de redes sociales.
Expuso la propuesta en una entrevista en Onda Cero, después de los incidentes registrados en Barcelona y Bilbao. El dirigente popular sostuvo que debía recuperarse una agravación eliminada en 2022 y presentó el mantenimiento del orden público como uno de sus compromisos ante las elecciones generales de 2026.
Feijóo criticó la respuesta del Ministerio del Interior y de su titular, Fernando Grande-Marlaska, a quien acusó de falta de presencia ante los altercados. Sus reproches forman parte de la confrontación política sobre la gestión de la seguridad; no constituyen una conclusión judicial sobre la actuación del ministro.
El anuncio incorporó estas medidas a las propuestas de precampaña del PP, que situó los disturbios entre sus asuntos prioritarios. La iniciativa expresada es un compromiso condicionado a alcanzar el Gobierno. En esa fecha no se había aprobado mediante este anuncio una reforma penal ni habían entrado en vigor las penas propuestas.
El 26 de octubre, durante un mitin de precampaña en Gijón, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, prometió que, si seguía gobernando tras las elecciones del 29 de noviembre, promovería una reforma constitucional para proteger la revalorización de las pensiones conforme al IPC. La intervención fue un compromiso electoral anunciado en Asturias, no una reforma ya aprobada.
Sánchez presentó la propuesta como una respuesta a lo que describió como una amenaza de recortes y privatización por parte del Partido Popular y Vox. Recordó las movilizaciones de pensionistas durante la crisis financiera y defendió la actualización anual de las prestaciones con arreglo al coste de la vida. Esas referencias y críticas formaron parte de su argumentación de campaña.
El acto se celebró en el recinto ferial Luis Adaro ante varios miles de asistentes, según las crónicas. Junto a la protección de las pensiones, el mitin buscó movilizar al electorado socialista y pedir apoyo para la siguiente legislatura. La reforma requeriría un procedimiento constitucional y mayorías parlamentarias; el anuncio no modificó por sí solo el texto vigente.
La propuesta situó la sostenibilidad y la garantía de las pensiones en el debate de la campaña general. Su eventual alcance dependería de la formulación legislativa, la mayoría obtenida y la aprobación parlamentaria. Hasta que esos pasos se produzcan, la promesa debe entenderse como un compromiso condicionado a un futuro Gobierno.
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La protesta contra Vito Quiles deriva en disturbios y detenciones en Bilbao
El 26 de octubre, una concentración convocada en Bilbao contra un acto previsto del comunicador Vito Quiles terminó en disturbios después de que él suspendiera su intervención por motivos de seguridad. La Universidad de Deusto había cerrado preventivamente el campus y suspendido las clases de la tarde ante el riesgo de incidentes.
Miles de personas participaron en las movilizaciones en torno al campus. Tras la concentración, grupos de manifestantes prendieron fuego a contenedores y vehículos, atacaron comercios y arrojaron objetos contra agentes; la Ertzaintza intervino y practicó detenciones. El balance inicial fue actualizado al día siguiente: la policía vasca informó de 19 detenidos y tres personas investigadas, entre ellas menores.
Quiles explicó que cancelaba el acto después de hablar con el responsable del dispositivo policial, quien le habría advertido de un riesgo elevado de altercados. La cancelación no evitó los enfrentamientos posteriores. Las crónicas distinguieron la protesta convocada contra su presencia de los actos violentos atribuidos a grupos que permanecieron en la calle tras la concentración.
El episodio afectó a la seguridad ciudadana, al comercio y a la actividad universitaria, y generó condenas de autoridades y partidos. La cifra de arrestos debe leerse con su fecha: las primeras informaciones del lunes daban balances provisionales y la cifra de 19 corresponde a la actualización policial publicada el martes. Las investigaciones debían determinar la participación individual de los detenidos.
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PP y Vox acuerdan coordinar sus candidaturas al Senado para el 29N
El Partido Popular y Vox anunciaron el 26 de octubre un acuerdo para coordinar sus candidaturas al Senado en las elecciones generales del 29 de noviembre. El pacto llegó el último día del plazo para registrar las listas y después de semanas de negociación, en un contexto en que las fuerzas de izquierda ya preparaban candidaturas conjuntas en la Cámara Alta.
El acuerdo prevé que el PP no presente lista propia en Gipuzkoa, Girona y Tarragona. Vox renuncia a concurrir con candidatura propia en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares; en esas provincias, el PP incorporará candidatos independientes propuestos por Vox. Además, Vox presentará un solo candidato en otras catorce provincias, de modo que sus votantes podrán marcar también candidatos populares.
Las formaciones justificaron la coordinación como una manera de evitar la dispersión del voto y mantener o ampliar la mayoría en la Cámara Alta. El sistema de listas abiertas del Senado permite escoger a varios candidatos, por lo que la retirada de una lista o la concentración del voto puede influir en el reparto provincial. El pacto abarca parte de las circunscripciones, no todas las candidaturas al Congreso ni una coalición general entre ambos partidos.
La negociación se produjo como respuesta a la alianza progresista “Senado de Progreso”, que reúne al PSOE y partidos del Frente Amplio en numerosas circunscripciones. El acuerdo PP–Vox fue un entendimiento electoral concreto para las listas senatoriales; no estableció por sí mismo un programa de gobierno compartido ni garantizó el resultado de las elecciones.
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La Fiscalía solicita medidas para menores detenidos tras los disturbios de Barcelona
El 26 de octubre, tras los disturbios ocurridos dos días antes en el centro de Barcelona, la Fiscalía y los juzgados comenzaron a tramitar medidas respecto a parte de las personas detenidas. Cuarenta y nueve de los 54 adultos arrestados habían pasado a disposición judicial, mientras la Fiscalía de Menores solicitó medidas de internamiento para seis adolescentes y medidas de libertad vigilada para otros menores.
Los Mossos d’Esquadra situaron en 130 el total de detenciones vinculadas a los incidentes: 54 adultos y 76 menores. La Fiscalía pidió internamiento en seis casos y propuso restricciones para que algunos menores no acudieran ni se acercaran a menos de mil metros de reuniones o manifestaciones. Esas solicitudes eran medidas cautelares planteadas por el Ministerio Fiscal, no condenas firmes.
Los disturbios del sábado incluyeron saqueos y daños en una treintena de establecimientos y daños al mobiliario urbano de la plaza de Catalunya y sus alrededores. La policía catalana constituyó un equipo de investigación para analizar imágenes y otras pruebas e identificar a los responsables. La fase judicial y fiscal del lunes se centró en decisiones individualizadas sobre detención y medidas provisionales.
La diferencia entre adultos y menores determinó vías procesales distintas: los adultos pasaron ante juzgados de guardia y los menores ante la Fiscalía especializada. La actuación de ese día no resolvió la autoría de la convocatoria ni la responsabilidad definitiva de las personas investigadas; esas cuestiones seguían pendientes de investigación y de decisiones judiciales posteriores.
Sánchez celebra la victoria de Lula y la vincula a la campaña electoral española
El 26 de octubre, después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, Pedro Sánchez felicitó públicamente a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria y comparó el resultado con las expectativas electorales del PSOE en España. En un mensaje difundido en redes sociales, el presidente sostuvo que la remontada progresista observada en Brasil también podía producirse en las elecciones españolas del 29 de noviembre.
La declaración vinculó un resultado internacional con la estrategia de precampaña española. Sánchez calificó la victoria de Lula como una señal favorable para las fuerzas progresistas y la presentó como ejemplo de que una campaña podía cambiar previsiones electorales. La comparación fue una valoración política del presidente, no una predicción respaldada por un resultado español.
Lula obtuvo la reelección en la segunda vuelta frente a Flávio Bolsonaro, según los resultados difundidos por las autoridades electorales brasileñas y recogidos por las crónicas. Sánchez añadió la felicitación institucional a la lectura electoral dirigida al público español, dos elementos que los medios informaron en la misma jornada.
El mensaje tuvo relevancia para la precampaña porque conectó la competición electoral española con una victoria internacional afín al PSOE. No modificó las relaciones diplomáticas ni las reglas electorales de España; su efecto documentado fue comunicativo y partidista, al servir de marco para el discurso electoral de Sánchez.