Elecciones generales 2026

Las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre de 2026 fueron convocadas por Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno de España, antes de que concluyera el mandato de las Cortes elegidas el 23 de julio de 2023. El anuncio se produjo el 5 de octubre y la convocatoria adquirió efectos jurídicos con la publicación del Real Decreto 806/2026 al día siguiente. El adelanto llegó tras la derrota parlamentaria de dos decretos de vivienda y en una legislatura marcada por la dificultad para reunir mayorías y por la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado. Convocatoria oficial.

Por qué se adelantan las elecciones

El detonante inmediato fue la votación del 2 de octubre de 2026, cuando el Congreso de los Diputados rechazó los dos decretos-leyes aprobados por el Gobierno para responder a la crisis de vivienda. El primero obtuvo 172 votos a favor y 178 en contra; el segundo, 166 a favor y 184 en contra. Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya votaron contra ambos, mientras Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria se opusieron también al segundo. Resultado de las votaciones.

Los decretos se habían aprobado en un contexto de movilizaciones por el acceso a la vivienda, intensificadas tras el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid. Su rechazo evidenció que el Ejecutivo no disponía de una mayoría suficiente para sostener medidas que había presentado como centrales. La imposibilidad de convalidarlos no era una orden legal de convocar elecciones: fue el hecho político que precipitó la decisión presidencial. Contexto de la derrota parlamentaria.

En su declaración del 5 de octubre, Pedro Sánchez defendió la gestión de la coalición y planteó la necesidad de una mayoría progresista más amplia. Presentó las elecciones como una decisión sobre la continuidad de su proyecto y la alternativa de un Gobierno de derechas. Esa fue la justificación pública del presidente; las interpretaciones sobre ventajas electorales, desgaste o cálculo partidista deben atribuirse a quienes las formulan. Declaración institucional del 5 de octubre.

El problema de fondo era la distancia entre haber obtenido los apoyos para una investidura y conservarlos para aprobar decisiones posteriores. El respaldo parlamentario no constituye una autorización general para toda la legislatura: los grupos pueden apoyar al presidente y rechazar después determinadas leyes. La derrota de octubre convirtió esa dificultad en una cuestión sobre la continuidad política del Ejecutivo. Información sobre el debate previo al adelanto.

Quién lo esperaba y a quién obligó a cambiar sus planes

Durante meses, el mensaje público de Pedro Sánchez había sido otro. El 19 de junio de 2026 afirmó que los presupuestos se presentarían ese año y que las elecciones serían en 2027. En septiembre volvió a situar el debate presupuestario antes del final de 2026. La convocatoria de noviembre modificó, por tanto, el calendario que el propio Gobierno había defendido públicamente. Declaraciones de junio recogidas por EFE y entrevista presidencial del 9 de septiembre.

En los días inmediatamente anteriores al anuncio, el adelanto dejó de ser una hipótesis remota. El Partido Popular, dirigido por Alberto Núñez Feijóo, lo reclamaba y el 2 de octubre aseguró que estaba preparado para unos comicios inmediatos. Dentro del Partido Socialista Obrero Español, distintas voces también defendían acudir a las urnas después de la derrota de los decretos. Esperarlo o desearlo no significa haber conocido de antemano la decisión definitiva. Posición del PP antes de la convocatoria e información sobre los contactos del fin de semana.

El espacio de Sumar tampoco permaneció ajeno a la posibilidad: sus ministros y organizaciones se reunieron el 4 de octubre para evaluar la situación. Sin embargo, el adelanto coincidió con la reorganización de ese espacio político y aceleró sus decisiones sobre candidatura y alianzas. La diferencia entre prever unas elecciones y tener preparada una oferta electoral ayuda a explicar por qué el mismo anuncio afectaba de forma distinta a cada partido. Reunión de Sumar del 4 de octubre.

No existe base para afirmar que todos los socios fueran sorprendidos o que todos conocieran la fecha. Lo documentado permite distinguir una promesa anterior de agotar la legislatura, una expectativa creciente tras el 2 de octubre y grados diferentes de preparación. Las crónicas previas al anuncio describieron consultas con colaboradores, ministros y socios, pero la decisión correspondía al presidente. Preparación del anuncio.

Qué ley permite convocarlas antes de tiempo

La facultad no nació de una ley aprobada en octubre de 2026. Su fundamento es el artículo 115 de la Constitución, que permite al presidente del Gobierno proponer, bajo su responsabilidad y previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de ambas Cámaras. La disolución se decreta formalmente por el rey y debe fijar la fecha de las elecciones. Artículo 115 de la Constitución.

La norma aplicada a este caso fue el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, firmado por Felipe VI y refrendado por Pedro Sánchez. Disolvió las Cámaras elegidas en 2023 y convocó las elecciones para el 29 de noviembre. Se trata de un real decreto de disolución y convocatoria, no de un real decreto-ley: no necesitaba una votación de convalidación como la que habían perdido los decretos de vivienda. Texto del Real Decreto 806/2026.

El rey realiza el acto formal previsto en el sistema constitucional; no elige libremente el momento electoral ni decide si le conviene a un partido. La iniciativa y la responsabilidad política corresponden al presidente. Tampoco se exige una votación previa del Congreso para autorizar una disolución por esta vía. Explicación del Congreso sobre la disolución.

La facultad tiene límites. No puede proponerse la disolución mientras se tramita una moción de censura, y no cabe una nueva disolución antes de transcurrir un año desde la anterior, salvo el supuesto de bloqueo de investidura previsto en el artículo 99.5. La Constitución tampoco permite disolver el Congreso durante la vigencia de los estados de alarma, excepción o sitio. No se trata, por tanto, de una potestad sin condiciones. Artículos 115 y 116 de la Constitución.

Cómo se ejecuta la convocatoria y qué cambia

El anuncio político y la convocatoria jurídica son momentos distintos. El presidente anunció su decisión el 5 de octubre; el decreto se publicó y entró en vigor el 6 de octubre. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en su artículo 42.1, establece para esta modalidad la celebración de los comicios el quincuagésimo cuarto día posterior a la convocatoria, lo que sitúa la votación el 29 de noviembre. Artículo 42 de la LOREG.

El decreto fijó la campaña electoral entre el 13 y el 27 de noviembre, con la jornada de reflexión el día 28. La disolución puso fin al mandato ordinario de las Cámaras y activó los plazos para coaliciones, candidaturas, censo y organización de la votación. El calendario obliga a todos los partidos a prepararse dentro del mismo marco legal, aunque sus circunstancias organizativas sean diferentes. Información del Senado sobre la convocatoria.

Disolver las Cortes no convierte inmediatamente al Gobierno en un Gobierno en funciones. El cese se produce tras las elecciones o por las demás causas legalmente previstas; después, el Ejecutivo cesante continúa hasta la toma de posesión del siguiente. La Ley del Gobierno limita entonces su actuación al despacho ordinario y a los supuestos de urgencia o interés general debidamente acreditados, además de prohibirle determinadas decisiones. Artículo 21 de la Ley del Gobierno.

La actividad parlamentaria tampoco desaparece por completo: las diputaciones permanentes mantienen las funciones previstas para los periodos de disolución. La mayoría de los asuntos legislativos pendientes caducan, con las excepciones que establece el ordenamiento. Convocar elecciones cambia así tanto la agenda de los partidos como las posibilidades de aprobar reformas antes de constituir las nuevas Cámaras. Explicación institucional sobre los efectos de la disolución.

Los presupuestos sin presentar

La legislatura terminó sin que el Gobierno hubiera presentado un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado correspondiente a los ejercicios de 2024, 2025 y 2026. Las cuentas de 2023 continuaron como base prorrogada. No es lo mismo presentar un proyecto y perder la votación que no someterlo al Congreso: en este último caso no llega a producirse el debate parlamentario completo sobre unas nuevas cuentas. Información sobre el balance presupuestario de la legislatura.

El artículo 134 de la Constitución asigna al Gobierno la elaboración de los presupuestos y a las Cortes su examen, enmienda y aprobación. También obliga a presentarlos al Congreso al menos tres meses antes de que expiren los del año anterior. La obligación de presentación debe distinguirse de la posibilidad de aprobarlos: carecer de apoyos parlamentarios no equivale a haber cumplido el deber mediante una votación que nunca se celebró. Artículo 134 de la Constitución.

La continuidad del Estado se garantiza mediante la prórroga automática cuando el nuevo presupuesto no está aprobado al comenzar el ejercicio. El artículo 38 de la Ley General Presupuestaria desarrolla esa prórroga, que tiene excepciones para programas u obligaciones que hayan terminado. Por ello, la ausencia de nuevas cuentas no provoca automáticamente el cierre de la Administración ni significa que todos los gastos queden congelados exactamente como estaban en 2023. Artículo 38 de la Ley General Presupuestaria.

La prórroga permite seguir funcionando y existen instrumentos legales de modificación presupuestaria. Sin embargo, no sustituye el valor político y de control de debatir cada año un presupuesto completo, con prioridades actualizadas. El propio Ministerio de Hacienda publicó los criterios de aplicación de la prórroga para 2026: esa continuidad administrativa no debe confundirse con la aprobación parlamentaria de unas cuentas nuevas. Información de Hacienda sobre la prórroga de 2026.

Durante junio de 2026, Carlos Cuerpo Caballero, vicepresidente primero y ministro de Economía, defendía que se presentarían los presupuestos de 2027 y que existían posibilidades de aprobarlos. La convocatoria electoral de octubre interrumpió ese calendario político. El adelanto no se produjo después de una derrota de los presupuestos de 2027, sino antes de que se sometiera al Congreso un proyecto de esas cuentas. Previsiones presupuestarias expuestas en junio.

La falta de presupuestos no activa por sí sola unas elecciones ni equivale automáticamente a una moción de censura. Puede mostrar debilidad parlamentaria y motivar la decisión política de disolver, pero una derrota legislativa ordinaria no provoca el cese del Gobierno. Son planos diferentes la continuidad jurídica del Ejecutivo, su capacidad de gobernar y el cumplimiento de la obligación presupuestaria. Explicación del Congreso sobre el cese del Gobierno y la confianza parlamentaria.

Qué papel tiene la ciudadanía

La ciudadanía no elige la fecha de un adelanto mediante una votación previa. No existe una recogida de firmas que obligue por sí misma al presidente a convocar elecciones generales, ni las manifestaciones sustituyen el procedimiento constitucional de disolución. La decisión de 2026 fue presidencial; el voto posterior permite a los electores respaldar o rechazar a las formaciones y modificar la composición parlamentaria. Participación política y representación.

Eso no significa que la sociedad sea ajena a lo ocurrido. Las movilizaciones por la vivienda influyeron en la agenda, precedieron a los decretos rechazados y formaron parte del contexto del adelanto. Pero reclamar vivienda asequible no equivale necesariamente a pedir elecciones anticipadas, ni permite atribuir una misma preferencia a toda la población o a todas las personas manifestantes. Movilización y debate electoral tras la votación.

En las generales se eligen representantes al Congreso y al Senado, no directamente al presidente del Gobierno. Después, el Congreso debe otorgar su confianza a un candidato mediante la investidura. La renovación electoral puede cambiar las mayorías, pero no garantiza que un partido alcance la mayoría absoluta ni que desaparezca la necesidad de pactos. Artículo 99 de la Constitución.

Antecedentes de elecciones anticipadas en España

El adelanto no es una práctica exclusiva de Pedro Sánchez ni del PSOE. Conviene distinguir los adelantos políticos que recortan de forma apreciable la legislatura de las disoluciones realizadas cuando el mandato está prácticamente agotado. Incluso algunas convocatorias consideradas ordinarias se formalizaron jurídicamente mediante disolución anticipada. José María Aznar, del Partido Popular, utilizó esa forma de disolución en 2000 y 2004, con el cuatrienio próximo a su término. Estudio publicado en la Revista de las Cortes Generales.

Adolfo Suárez González, de Unión de Centro Democrático, convocó las elecciones del 1 de marzo de 1979 tras la aprobación de la Constitución, cerrando la etapa de las Cortes constituyentes. Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo, también de UCD, adelantó los comicios al 28 de octubre de 1982, en un contexto de descomposición de su partido y dificultades de gobernabilidad. Calendario histórico de convocatorias y memoria del Consejo de Estado sobre Calvo-Sotelo.

Felipe González Márquez, del PSOE, convocó antes de agotarse los cuatro años las elecciones del 22 de junio de 1986, 29 de octubre de 1989, 6 de junio de 1993 y 3 de marzo de 1996. No todos esos adelantos tuvieron la misma duración ni las mismas causas. El de 1996 estuvo especialmente vinculado a la pérdida de apoyo parlamentario y al rechazo de los presupuestos para ese ejercicio. Recorrido por los adelantos hasta 2011 y antecedente presupuestario de 1995.

José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE, anunció en julio de 2011 las elecciones del 20 de noviembre, antes de que concluyera la legislatura en 2012. En plena crisis económica, justificó la decisión por la necesidad de que el siguiente Gobierno pudiera asumir el nuevo ejercicio con plenas capacidades. La convocatoria formal llegó en septiembre, lo que muestra que anuncio y disolución no tienen por qué producirse el mismo día. Anuncio de julio de 2011.

Pedro Sánchez convocó las elecciones del 28 de abril de 2019 después de que el Congreso rechazara su proyecto presupuestario. En mayo de 2023 decidió adelantar los comicios al 23 de julio, tras los resultados de las elecciones municipales y autonómicas. El adelanto de 2026 constituye otra decisión presidencial de acudir a las urnas, con un detonante inmediato distinto: los decretos de vivienda y la insuficiencia de los apoyos parlamentarios. Declaración del 15 de febrero de 2019 y declaración del 29 de mayo de 2023.

Adelanto voluntario y repetición electoral no son lo mismo

Las elecciones de junio de 2016 y noviembre de 2019 respondieron a otro mecanismo. El artículo 99.5 ordena disolver ambas Cámaras si, transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura, ningún candidato ha obtenido la confianza del Congreso. En esos casos la convocatoria no depende de una decisión discrecional del presidente del Gobierno y el decreto lleva el refrendo de la Presidencia del Congreso. Diferencias entre las vías de disolución.

En 2026 se utilizó el artículo 115, no el 99.5. El Gobierno ya estaba constituido y la falta de apoyos para determinadas medidas no era un bloqueo de investidura. Tampoco una mayoría que rechaza un decreto se convierte automáticamente en una mayoría capaz de investir a otro presidente: para sustituir al Ejecutivo mediante moción de censura hace falta un candidato alternativo y los apoyos exigidos por la Constitución. Marco institucional de la disolución.

Cronología y situación del proceso

Junio y septiembre de 2026. El Gobierno defendió públicamente la presentación de presupuestos y la continuidad de la legislatura hasta 2027. 2 de octubre. El Congreso rechazó los dos decretos de vivienda. 5 de octubre. El presidente anunció las elecciones y se aprobó el decreto de disolución. 6 de octubre. Su publicación en el BOE puso en marcha la convocatoria. Anuncio presidencial y decreto de convocatoria.

13 a 27 de noviembre. Periodo de campaña electoral. 28 de noviembre. Jornada de reflexión. 29 de noviembre. Fecha de votación. A 17 de octubre de 2026, esos hitos todavía eran futuros: la convocatoria estaba en vigor, pero no existía un resultado electoral ni una nueva mayoría de gobierno. Las encuestas y las expectativas de los partidos no sustituyen la decisión de las urnas. Calendario oficial comunicado por el Senado.

Artículo actualizado a 17 de octubre de 2026. Se distinguen la decisión política de adelantar las elecciones, su ejecución jurídica, la situación presupuestaria y los acontecimientos todavía pendientes de celebrarse.