El Gobierno aprueba la Ley de Integridad Pública y la remite al Congreso
El Consejo de Ministros aprobó el 28 de julio el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública y acordó remitirlo al Congreso. La iniciativa busca prevenir y detectar la corrupción en la contratación pública, además de endurecer las consecuencias de esas prácticas.
El texto crea una Agencia Independiente de Integridad Pública que reuniría funciones actualmente repartidas entre varios organismos. Su responsable se elegiría mediante convocatoria abierta y requeriría una mayoría reforzada de la Cámara Baja, según la descripción publicada por EFE.
La propuesta modifica seis leyes orgánicas y contempla ampliar de cinco a siete años la prescripción de ciertos delitos. También refuerza controles sobre la contratación y la financiación de partidos, impide aportaciones mediante criptoactivos e introduce medidas para proteger a quienes informen de irregularidades.
La aprobación ministerial abrió la fase parlamentaria, pero no convirtió el proyecto en ley: su contenido aún debía ser tramitado y votado por las Cortes. Pedro Sánchez vinculó la iniciativa al plan estatal contra la corrupción anunciado en 2025 y pidió a los grupos parlamentarios que la debatieran.
