La Audiencia de Madrid mantiene el juicio con jurado a Begoña Gómez por dos delitos
La Audiencia Provincial de Madrid ordenó que continuara el procedimiento con jurado contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y malversación. A la vez, archivó provisionalmente para ella los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida. La resolución estimó parcialmente los recursos de la Fiscalía y las defensas contra el auto del juez Juan Carlos Peinado.
El tribunal mantuvo también el procedimiento con jurado contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, únicamente por presunta malversación relacionada con el software de la cátedra de la Universidad Complutense. Separó al empresario Juan Carlos Barrabés del proceso con jurado y dejó que su investigación sobre adjudicaciones públicas siguiera por otro cauce.
Los magistrados afirmaron que en esa fase había indicios racionales para continuar por dos delitos, pero la resolución no constituía una condena ni una declaración de culpabilidad. El juicio y la valoración final de las pruebas quedaban pendientes.
La Audiencia levantó además las medidas cautelares impuestas a Gómez, incluida la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente. La decisión reorganizó el alcance y los participantes del procedimiento judicial.
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Un informe del Consejo de la Juventud advierte de la desconfianza juvenil en las instituciones
El Consejo de la Juventud de España presentó un informe sobre la relación de la juventud con la democracia. El estudio concluye que los jóvenes consideran la democracia el mejor sistema de gobierno, pero desconfían de su funcionamiento y creen que las instituciones responden poco a sus principales problemas.
El trabajo, elaborado junto al Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad, relaciona esa percepción con las dificultades de acceso a la vivienda, la precariedad laboral, la incertidumbre económica y la desinformación. También recoge que muchos jóvenes sienten que disponen de pocos mecanismos para influir en las decisiones públicas.
El informe no detecta un rechazo organizado de la democracia ni una alternativa consensuada. Señala, en cambio, que la frustración puede debilitar la participación y que voto y protesta conviven con otras formas de implicación, como el asociacionismo y la actividad en redes sociales.
Entre sus propuestas figuran medidas de vivienda para jóvenes vulnerables y más educación mediática. El estudio aporta un diagnóstico de participación y confianza institucional, no una medición de opinión electoral ni una decisión de política pública ya aprobada.
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El TJUE avala la ley española de amnistía frente al Derecho de la Unión
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el Derecho comunitario no se opone a la ley española de amnistía y descartó que la extinción de la responsabilidad contable por los gastos del procés afecte por sí misma a los intereses financieros de la Unión. También concluyó que la norma no vulnera la directiva europea antiterrorista en los términos planteados por los tribunales españoles.
La sentencia tuvo origen en cuestiones prejudiciales elevadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. El TJUE consideró que la norma persigue reducir tensiones políticas y facilitar la reconciliación, y que no infringe los principios europeos de igualdad y no discriminación.
El fallo no amnistió automáticamente a ninguna persona ni resolvió la situación procesal de Carles Puigdemont: la aplicación concreta correspondía a los tribunales españoles y el Tribunal Constitucional aún debía pronunciarse sobre la malversación atribuida al expresidente catalán. La decisión sí eliminó obstáculos basados en el Derecho de la Unión para aplicar la ley.
La resolución abrió una nueva fase del debate político. El Gobierno, la Generalitat y partidos independentistas reclamaron la aplicación de la norma, mientras el PP señaló que el tribunal no se había pronunciado sobre la constitucionalidad ni sobre la oportunidad política de la ley.
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El Supremo inadmite la denuncia de Vito Quiles contra Patxi López
La Sala Penal del Tribunal Supremo inadmitió la denuncia presentada por Vito Quiles contra el diputado socialista Patxi López por unas expresiones pronunciadas en una rueda de prensa en marzo. Quiles había denunciado al portavoz parlamentario por presuntos delitos de odio, amenazas y coacciones.
El alto tribunal consideró que las palabras se produjeron en un contexto político y de debate público. Aunque calificó las expresiones de excesivas, entendió que estaban amparadas por la libertad de expresión y que la referencia a impedir el acceso del periodista al Congreso aludía al posible ejercicio de acciones legales, no a la amenaza de un mal ilícito.
La inadmisión impidió que la denuncia avanzara en la jurisdicción penal. No fue una decisión sobre la calidad del debate político en general, sino una valoración jurídica de las expresiones concretas y del contexto parlamentario descritos en el auto.
El caso puso de nuevo en discusión los límites entre la crítica política, la libertad de expresión y las acciones de representantes públicos frente a periodistas acreditados en el Congreso.
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Manuel Llamas niega ante el juez haber presionado a agentes de la UCO
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz interrogó al director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, en la investigación conocida como caso Leire. Llamas negó haber pedido a agentes de la UCO que se pusieran de perfil en investigaciones relacionadas con el entorno del Gobierno y de Pedro Sánchez.
Según fuentes presentes en la declaración citadas por RTVE, el interrogatorio duró más de dos horas. Llamas atribuyó las afirmaciones en su contra a un conflicto personal con el exjefe de la UCO Rafael Yuste y rechazó que hubiera ejercido presiones. Esas afirmaciones son su versión como investigado y no una conclusión judicial sobre los hechos.
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, también estaba citada ese día, pero el juez aplazó su interrogatorio al viernes 17 porque la comparecencia de Llamas se prolongó más de lo previsto. González declaró finalmente al día siguiente.
La diligencia se produjo en una investigación sobre presuntas maniobras para influir en agentes y pesquisas policiales. Llamas y González estaban investigados por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia; la causa seguía abierta.
15 julio 2026miércoles·4
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El juzgado prorroga seis meses la investigación de Leire Díez
En el Caso Leire Díez, el juzgado de Plaza de Castilla que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez prorrogó seis meses la instrucción. El juez Arturo Zamarriego justificó la ampliación porque está pendiente un informe de Policía Científica sobre unas grabaciones incorporadas a la causa. El informe debía ayudar a determinar si fueron manipuladas.
La investigación examina presuntas maniobras contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil. En este procedimiento también figuran investigados el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. La prórroga no implica una conclusión sobre la responsabilidad de las personas investigadas.
El juez señaló que, una vez recibido el informe, resolvería la petición de que la Audiencia Nacional asumiera la causa, ya que ese tribunal investiga hechos similares. En un procedimiento distinto ante la Audiencia Nacional, ese mismo día declararon como testigos la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y dos fiscales. Este evento se refiere a la prórroga dictada en Plaza de Castilla.
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Comienza el derribo de la verja fronteriza de Gibraltar
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, asistió el 15 de julio a los trabajos de demolición de la verja que separaba La Línea de la Concepción y Gibraltar, y presentó el cambio como el comienzo de una nueva etapa para el Campo de Gibraltar. El acto coincidió con la entrada en vigor del tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el encaje de Gibraltar tras el Brexit. Sánchez encabezaba un Ejecutivo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Sánchez sostuvo que la solución había sido posible por la voluntad política de las partes. Ese mensaje se produjo en una jornada en la que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó al Gobierno por otros asuntos y describió la democracia española como debilitada. La demolición de la barrera materializó un cambio en el régimen fronterizo de la zona y tuvo relevancia para las poblaciones de ambos lados.
La noticia documenta el acto y las declaraciones de Sánchez; el artículo no presenta como completados otros cambios fronterizos que dependieran de la implementación posterior del acuerdo.
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La AIReF alerta de incumplimientos fiscales y reclama ajustes
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advirtió que España podía incumplir en 2026 las reglas fiscales nacionales y pidió al Gobierno de España una estrategia de medio plazo. El organismo calculó que sería necesario un ajuste de alrededor de seis décimas del PIB —más de 10.000 millones de euros— para cumplir la regla nacional de gasto.
La AIReF elevó al 2,5 % su previsión de crecimiento para 2026 y mantuvo en el 2,6 % del PIB su cálculo de déficit. Señaló que el gasto primario crecería más de lo previsto y recomendó que el Gobierno incluyera una estrategia fiscal en los próximos Presupuestos y presentara un plan económico-financiero.
El informe se publicó en un contexto de medidas extraordinarias por la crisis energética y de debate sobre el presupuesto estatal de 2027. Las cifras son previsiones del organismo, no resultados definitivos ni una decisión del Gobierno de aplicar las medidas recomendadas.
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El CIS amplía a casi ocho puntos la ventaja del PSOE sobre el PP
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó su barómetro de julio, que estimó para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) un 33 % de los votos, 1,7 puntos más que en junio, y para el Partido Popular (PP) un 25,1 %, dos puntos menos. La diferencia entre ambos quedó en 7,9 puntos. El líder socialista, Pedro Sánchez, fue el preferido como presidente por el 26,7 % de las personas encuestadas, frente al 13,9 % que eligió al dirigente popular Alberto Núñez Feijóo.
El trabajo de campo se realizó entre el 1 y el 6 de julio con 4.020 entrevistas. La encuesta coincidió con la investidura de Juanma Moreno en Andalucía tras el acuerdo entre PP y Vox. También recogió un aumento de la inmigración como problema mencionado por las personas encuestadas y mantuvo la vivienda como principal preocupación.
Se trata de estimaciones de una encuesta, no de resultados electorales. El barómetro tuvo repercusión en el debate político sobre la situación de los partidos y el efecto de los acontecimientos recientes.
14 abril 2026martes·1
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La Comunidad de Madrid compra un ático para oficina temporal de Isabel Díaz Ayuso
La Comunidad de Madrid adquirió el 14 de abril un ático de 485 metros cuadrados en el distrito de Chamberí para que la presidenta Isabel Díaz Ayuso pudiera utilizarlo como oficina mientras durasen unas obras en la sede de la Presidencia regional, en la Real Casa de Correos. La operación se conoció públicamente el 29 de julio, cuando EL PAÍS preguntó por la compraventa que constaba en el Registro de la Propiedad.
La compra se realizó a través de Planifica Madrid, una empresa pública autonómica. El inmueble tiene una terraza de unos 200 metros cuadrados y está previsto como espacio de trabajo y reuniones, según la explicación inicial del Gobierno regional. La Comunidad descartó que se destinara a residencia oficial de la Presidencia.
La adquisición no figuraba en el presupuesto de 2026 de Planifica Madrid y no había sido publicada en su portal de transparencia antes de que el medio preguntara por ella. La información disponible tampoco establecía el precio de compra; la cifra aproximada de seis millones mencionada en la cobertura era una estimación de mercado, no el coste confirmado de la operación.
El anuncio suscitó preguntas de la oposición sobre el uso del inmueble y la transparencia del gasto público. La presidenta defendió que no se estaba comprando una vivienda para ella y calificó la difusión de la noticia como una campaña de desprestigio. La decisión de uso aún no estaba cerrada al cien por cien y su revisión se preveía para el otoño.