Caso Begoña Gómez

Begoña Gómez Fernández es una profesional vinculada a proyectos de desarrollo empresarial y transformación social. Entre 2018 y 2022 dirigió el África Center del Instituto de Empresa y, desde 2020, codirigió una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El procedimiento conocido como caso Begoña Gómez examina algunas de esas actividades y sus relaciones con empresas y organismos públicos. Su condición de esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explica parte de la atención pública, pero no prueba por sí misma ninguna conducta delictiva.

La actividad en la Complutense

La Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva se creó mediante un convenio entre la UCM y entidades patrocinadoras. Gómez participó en su dirección y promovió un programa informático asociado a la iniciativa. La universidad comunicó al juzgado que desarrollar el software costó unos 113.509 euros, incluyendo contratación y costes de personal. La UCO examinó la documentación y, según informó RTVE en mayo de 2026, no apreció irregularidad en la creación de la cátedra, aunque su informe sí trató la titularidad y el uso del programa.

La investigación también examinó la inscripción de dominios web y quién podía controlar o utilizar el software. El juzgado analizó si el proyecto se había desarrollado para la universidad y si posteriormente se había dispuesto de él de forma indebida. Esas preguntas forman parte de las diligencias: el coste del programa o la existencia de un dominio no demuestran, por sí solos, apropiación ni perjuicio económico.

Barrabés y los contratos públicos

La denuncia presentada por Manos Limpias en abril de 2024 planteó posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Una de sus líneas se centró en el empresario Juan Carlos Barrabés, que había participado en actividades formativas relacionadas con la cátedra y cuyas empresas obtuvieron contratos públicos. El juez investigó si Gómez intervino para favorecerle y si esa intervención pudo influir en las adjudicaciones.

El procedimiento examinó también otras relaciones y actuaciones que se fueron incorporando durante la instrucción, entre ellas las gestiones atribuidas a la asesora de Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez. Las alegaciones iniciales sobre rescates empresariales, contratos y la cátedra no son una sola acusación ni han seguido todas el mismo recorrido procesal. Algunas líneas fueron limitadas o quedaron fuera de los cargos que finalmente se mantienen.

Estado judicial

En septiembre de 2026, el juez Juan Carlos Peinado abrió juicio oral con jurado contra Gómez por presunto tráfico de influencias y malversación, y contra Álvarez por presunta malversación. La Audiencia Provincial había reducido el alcance respecto de algunas imputaciones iniciales. La Fiscalía ha pedido la absolución de ambas, al considerar que los hechos no constituyen delito; la acusación popular mantiene su propia petición de condena.

La fecha del juicio está pendiente. A 17 de octubre de 2026, Begoña Gómez no ha sido condenada en esta causa. La apertura de juicio significa que el asunto pasa a esa fase procesal; no equivale a una declaración de culpabilidad. Para seguir el caso con precisión conviene distinguir las hipótesis del juez, las posiciones de Fiscalía y acusaciones, y las decisiones que adopten finalmente los tribunales.