La audiencia preliminar de Begoña Gómez termina sin medidas cautelares
El 8 de septiembre se celebró en Madrid la audiencia preliminar del procedimiento seguido contra Begoña Gómez y una colaboradora suya, paso procesal previo a la eventual apertura del juicio oral. La sesión, presidida por el juez Juan Carlos Peinado, comenzó a las 19:15 tras un retraso y duró alrededor de tres cuartos de hora.
Durante la comparecencia, la defensa de Gómez pidió el archivo de la causa y se opuso a que se abriera juicio. La Fiscalía también solicitó el sobreseimiento. La acusación popular pidió que el procedimiento avanzara a juicio; las posiciones expresadas en la audiencia fueron peticiones de las partes y no una resolución sobre culpabilidad.
La vista tuvo lugar en los juzgados de Plaza de Castilla y se desarrolló conforme al trámite previo previsto para que las partes expongan su postura sobre la continuación del procedimiento. El juez no impuso medidas cautelares nuevas al terminar la sesión.
La audiencia no fue el juicio ni produjo una condena. La causa se refería a presuntos delitos que las acusaciones atribuían a Gómez en relación con su actividad profesional; la defensa rechazó esas imputaciones. El siguiente paso dependía de las decisiones procesales pendientes sobre la apertura del juicio oral y el curso del caso.
Begoña Gómez presenta su escrito de defensa y solicita la absolución en la causa de la cátedra
El 4 de septiembre, Begoña Gómez presentó ante el juez su escrito de defensa para el futuro juicio y solicitó su absolución. La defensa negó que hubiera aprovechado su vínculo matrimonial con el presidente del Gobierno para obtener la dirección de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid o recibir un beneficio económico.
El escrito también rechazó que Gómez se apropiara de la plataforma digital vinculada a la cátedra o que utilizara indebidamente a su asesora. Según la versión de su abogado, la herramienta pertenecía a la universidad, se había concebido sin ánimo de lucro y no llegó a completarse. La defensa afirmó asimismo que Gómez había ejercido gratuitamente la dirección de la cátedra.
La causa estaba encaminada a un juicio con jurado por presunto tráfico de influencias y malversación, después de que la Audiencia Provincial de Madrid descartara otros delitos señalados durante la instrucción. El escrito de defensa presentó la posición de Gómez ante el proceso; las alegaciones son argumentos de parte y no equivalen a una resolución judicial sobre los hechos.
Además de pedir la absolución, la defensa solicitó que se impusieran las costas a la acusación popular y anunció su propuesta de testigos para el juicio. El trámite dejó formalizadas las conclusiones de la defensa mientras el procedimiento seguía pendiente de los pasos judiciales posteriores.
El ministro Félix Bolaños cuestionó la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que mantuvo parte del procedimiento contra Begoña Gómez ante un jurado popular. En declaraciones recogidas por EFE, sostuvo que la decisión no era lo bastante contundente y volvió a criticar la instrucción del juez Juan Carlos Peinado.
La Audiencia había descartado dos de los delitos inicialmente considerados, pero permitió que el proceso continuara por otros dos. Bolaños señaló ese contraste y expresó su desacuerdo con que el caso avanzara a juicio con jurado. Sus afirmaciones son la valoración política del ministro y no alteran el contenido de la resolución judicial.
La controversia prolongó el debate entre el Gobierno y la oposición sobre el procedimiento. La decisión procesal seguía correspondiendo a los tribunales y no suponía una declaración de culpabilidad de Gómez.
La Audiencia de Madrid mantiene el juicio con jurado a Begoña Gómez por dos delitos
La Audiencia Provincial de Madrid ordenó que continuara el procedimiento con jurado contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y malversación. A la vez, archivó provisionalmente para ella los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida. La resolución estimó parcialmente los recursos de la Fiscalía y las defensas contra el auto del juez Juan Carlos Peinado.
El tribunal mantuvo también el procedimiento con jurado contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, únicamente por presunta malversación relacionada con el software de la cátedra de la Universidad Complutense. Separó al empresario Juan Carlos Barrabés del proceso con jurado y dejó que su investigación sobre adjudicaciones públicas siguiera por otro cauce.
Los magistrados afirmaron que en esa fase había indicios racionales para continuar por dos delitos, pero la resolución no constituía una condena ni una declaración de culpabilidad. El juicio y la valoración final de las pruebas quedaban pendientes.
La Audiencia levantó además las medidas cautelares impuestas a Gómez, incluida la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente. La decisión reorganizó el alcance y los participantes del procedimiento judicial.