El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presentó en una visita a una empresa agroalimentaria de Guadalajara un plan de medidas fiscales para las familias. Criticó al Gobierno por el aumento del coste de vida y pidió que dejara de presumir de la marcha de la economía mientras, según él, crecían la pobreza y las dificultades de los hogares.
La propuesta incluía aplicar un IVA del 0% a productos básicos de alimentación y reducir del 21% al 10% el impuesto sobre la energía. Feijóo también planteó ajustar el IRPF a la inflación y duplicar temporalmente la desgravación por hijo, con efecto retroactivo entre agosto y diciembre.
El líder popular estimó que una familia media con dos hijos podría disponer de 400 euros adicionales. Añadió medidas para reducir costes de fertilizantes y carburantes agrícolas, apoyar a autónomos y simplificar trámites.
Feijóo dijo que llevaría el plan a las Cortes Generales. Se trató de una propuesta de la oposición, no de un cambio fiscal aprobado. La cobertura situó el anuncio en el debate sobre el poder adquisitivo de los hogares y recogió también sus críticas a la incapacidad del Gobierno para aprobar presupuestos.
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El Constitucional anula la deducción riojana del IRPF por inicio de actividad agrícola
El Pleno del Tribunal Constitucional declaró por unanimidad inconstitucional y nula una deducción del IRPF aprobada por La Rioja para fomentar la actividad económica en el medio rural. La sentencia estimó el recurso presentado por el Gobierno central contra el precepto autonómico.
La deducción estaba dirigida a residentes en La Rioja que iniciaran una nueva actividad agrícola, aunque no exigía que la actividad se desarrollara dentro de la comunidad. La magistrada María Luisa Balaguer Callejón fue la ponente del fallo.
El tribunal concluyó que las comunidades autónomas no pueden establecer deducciones del IRPF vinculadas al inicio de una actividad económica, porque la Ley 22/2009 limita las deducciones autonómicas a ciertos supuestos, como circunstancias personales y familiares, inversiones no empresariales y aplicación de renta. La sentencia aplicó criterios que el Constitucional ya había utilizado en casos análogos.
La nulidad no permite reclamar a los contribuyentes las deducciones que ya se hubieran aplicado, por razones de seguridad jurídica. La decisión afecta directamente al incentivo riojano y reafirma los límites de las competencias autonómicas en materia tributaria; no anula automáticamente otras deducciones de otras comunidades, que deberán examinarse caso por caso.
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Junts retoma la negociación con el Gobierno para un decreto contra los desahucios
Junts per Catalunya se mostró dispuesto a retomar las conversaciones con el Gobierno sobre un nuevo decreto de vivienda, en el contexto de las protestas por el desahucio de Maricarmen Abascal. La formación condicionó la negociación a partir de las propuestas que había entregado al presidente Pedro Sánchez Pérez-Castejón a comienzos de septiembre.
El Ejecutivo aspiraba a llevar el texto al Consejo de Ministros el martes siguiente, con medidas para prevenir desahucios. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez García, mantenía contactos con los grupos para superar las diferencias sobre suelo, incentivos fiscales y protección residencial.
La vuelta de Junts a la mesa era relevante para la mayoría parlamentaria: el partido había sido clave en el rechazo de un decreto anterior y sus votos podían determinar la convalidación de uno nuevo. La negociación seguía abierta y no había un acuerdo cerrado el día 24.
Entre las posiciones de Junts figuraban incentivos fiscales para que propietarios ofrecieran viviendas en alquiler, deducciones para inquilinos y respeto a las competencias de la Generalitat. La formación también rechazaba mezclar en un solo decreto vivienda y otros asuntos. En paralelo, el portavoz de ERC Gabriel Rufián Romero cuestionó que el Gobierno negociara con Junts los límites de la política de vivienda. El hecho registrado es la reanudación de contactos, no la aprobación de las medidas anunciadas.
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Cuca Gamarra cuestiona la política de vivienda del Gobierno y propone medidas fiscales
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra Ruiz-Clavijo, criticó en una entrevista de Radio Nacional la política de vivienda del Gobierno. Afirmó que el problema se había agravado durante los años de gobierno de Pedro Sánchez y cifró en 750.000 viviendas el déficit que, a su juicio, afrontaba el país.
Gamarra defendió aumentar la oferta mediante la movilización de suelo, la agilización de permisos y una política fiscal que facilitara la compra o el alquiler. También propuso eximir de impuestos las donaciones de padres a hijos destinadas a acceder a una vivienda.
Al referirse al desahucio de Maricarmen Abascal, expresó su apoyo a la mujer y sostuvo que las administraciones madrileñas le habían ofrecido alternativas habitacionales. A la vez, pidió no reducir el problema nacional de vivienda a ese caso y lo vinculó con las dificultades de jóvenes y familias para acceder a una casa.
La dirigente popular planteó además incentivos para pequeños propietarios que sacaran viviendas al mercado, alegando que la falta de seguridad jurídica había reducido la oferta de alquiler. Sus cifras y valoraciones fueron atribuidas a Gamarra; las propuestas eran la posición del PP y no medidas aprobadas por el Gobierno.
El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó un informe sobre las aportaciones y los gastos de las fundaciones vinculadas a partidos políticos durante el ejercicio 2023. El órgano fiscalizador recomendó disolver diez entidades que seguían inscritas pero carecían de actividad al comienzo de 2024; tres de ellas estaban relacionadas con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
La revisión abarcó 37 fundaciones y entidades. Solo 15 entregaron sus cuentas anuales dentro del plazo, 18 las remitieron tarde y cuatro no las presentaron, por lo que no pudieron ser fiscalizadas. El informe también señaló que varias fundaciones debían corregir su situación patrimonial y preparar planes de saneamiento.
Las entidades recibieron en conjunto 4,7 millones de euros en donaciones privadas y 2,1 millones en subvenciones públicas durante 2023. Aunque el órgano consideró regular la contabilidad en términos generales, encontró incumplimientos en algunos casos y gastos que no podían financiarse con subvenciones; comunicará estos últimos a las administraciones concedentes para que valoren su reintegro.
El informe advirtió además que 14 entidades no habían publicado sus cuentas y auditorías en sus páginas web, y que solo 22 constaban inscritas en la sección específica del Registro de Partidos Políticos. Entre sus recomendaciones figura fijar un umbral mínimo de ingresos para exigir auditorías externas.
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Sánchez defiende en la ONU una respuesta a la crisis de Ceuta basada en derechos humanos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, abordó la crisis migratoria de Ceuta en su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, pronunciada en Nueva York el 23 de septiembre. Defendió que España afrontara la situación con respeto a la legalidad y a los derechos humanos, sin convertir a las personas migrantes en enemigas.
Sánchez describió la desigualdad, la desesperación y la desinformación como factores que habían alimentado la crisis. Elogió la respuesta de la ciudadanía ceutí y afirmó que la ciudad podía salir adelante sin renunciar a esos principios. Sus declaraciones se produjeron después de la entrada masiva de personas desde Marruecos a finales de julio.
El discurso también defendió el multilateralismo y criticó, sin nombrar directamente a Donald Trump, políticas que el presidente español vinculó con el debilitamiento de las Naciones Unidas. Reivindicó la Carta de la ONU y pidió cambios, entre ellos reformar el Consejo de Seguridad, limitar el veto de sus miembros permanentes y reforzar organismos internacionales.
Sánchez sostuvo además que España había mantenido sus compromisos de cooperación y expresó su apoyo a que una mujer latinoamericana sucediera a António Guterres al frente de Naciones Unidas. Fue una intervención política ante la Asamblea; no anunció una nueva decisión ejecutiva sobre Ceuta. El hecho se registró el día del discurso, aunque las noticias que lo cubrieron se publicaron el 24 de septiembre.
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Carlos Cuerpo cifra en más de 10.000 millones el apoyo a hogares y empresas
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, cifró en más de 10.000 millones de euros el coste presupuestario acumulado de las medidas de apoyo aprobadas por el Gobierno de España para hogares y sectores afectados por la guerra en Irán. Presentó la cifra ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados e incluyó tanto las ayudas desplegadas desde marzo como medidas estructurales sobre la fiscalidad eléctrica.
Cuerpo sostuvo que el paquete había reducido hasta un punto la inflación en algunos meses y compensado aproximadamente la mitad del encarecimiento acumulado de la gasolina y el gasóleo para los hogares durante esos seis meses. Estas cifras corresponden a la evaluación expuesta por el ministro.
Como la mayoría de las ayudas estaba cerca de finalizar, el Ejecutivo había mantenido reuniones con empresas, sindicatos y sectores afectados para valorar la situación económica tras el verano. Cuerpo dijo que varios participantes reclamaban prolongar el llamado escudo de apoyo más allá de septiembre.
El ministro anunció que el Gobierno de España llevaría al Consejo de Ministros un nuevo decreto de ayudas el 29 de septiembre. También pidió a patronal y sindicatos que negociaran un acuerdo sobre empleo y convenios colectivos para repartir el impacto económico del conflicto.
El PP de Canarias crea una gestora para dirigir su organización en Lanzarote
La dirección autonómica del Partido Popular de Canarias aprobó crear una gestora para dirigir la organización insular en Lanzarote. María Jesús Tovar, hasta entonces secretaria insular del partido, quedó al frente del órgano provisional en sustitución de Astrid Pérez.
La decisión se tomó en una reunión extraordinaria de la Junta Directiva Autonómica. El presidente regional del partido, Manuel Domínguez, explicó que Pérez le había comunicado su voluntad de dejar el cargo y que ambos habían conversado sobre cómo organizar el relevo.
La dirección valoró inicialmente convocar un congreso insular, pero finalmente optó por una gestora para reorganizar la formación y preparar las próximas elecciones. Domínguez describió el cambio como un proceso organizativo y rechazó que respondiera a un enfrentamiento personal con Pérez.
Tovar asumió la presidencia con el objetivo declarado de reforzar la estructura y mantener la unidad del partido en la isla. El órgano provisional deberá conducir esa reorganización hasta que la formación resuelva su siguiente etapa orgánica.
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El Congreso constituye la subcomisión sobre personas desaparecidas
La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados constituyó la subcomisión que estudiará un estatuto jurídico básico para las personas desaparecidas sin causa aparente. El órgano dispone de seis meses para preparar un informe sobre el marco legal y proponer, si procede, cambios normativos.
La iniciativa aborda problemas que pueden continuar incluso después de que termine la búsqueda: la administración de bienes y cuentas, los contratos, las obligaciones tributarias, las prestaciones y las responsabilidades familiares de las personas ausentes.
En su primera sesión, la subcomisión acordó celebrar su primera reunión de trabajo el 13 de octubre y preparar un plan de trabajo junto con una lista inicial de comparecientes. Sus integrantes podrán recibir aportaciones de asociaciones especializadas, familiares, cuerpos policiales, administraciones públicas y profesionales del derecho y la psicología.
El informe final tendrá que pasar por la Comisión de Interior y su plazo podrá ampliarse con autorización del Pleno. La subcomisión también revisará propuestas anteriores sobre la situación jurídica de las personas desaparecidas, incluidas iniciativas parlamentarias registradas en años previos.
El Gobierno vuelve a reparar la barrera neumática del Tarajal en Ceuta
El Gobierno de España volvió a reparar la barrera neumática instalada en las aguas próximas al paso del Tarajal, en Ceuta. Embarcaciones de Salvamento Marítimo trabajaron en los tramos que habían perdido presión y aparecían parcialmente desinflados.
La estructura había sufrido desperfectos recurrentes desde su instalación a finales de julio, poco después de la entrada masiva de personas migrantes en la ciudad. Pinchazos, temporales y corrientes habían provocado pérdidas de presión y desplazamientos de algunos módulos.
El Ministerio del Interior desplegó la barrera como parte del dispositivo fronterizo marítimo, para marcar el límite y facilitar la actuación de las fuerzas de seguridad. La reparación se produjo después de que circularan nuevos llamamientos a intentar entrar en Ceuta y Melilla.
El diseño del dispositivo se vinculó a una resolución del Tribunal Supremo que estableció que los rechazos en frontera no podían aplicarse a personas interceptadas antes de rebasar físicamente un elemento de contención. El deterioro de la barrera había llevado al Gobierno local a pedir información sobre las mejoras de infraestructura fronteriza anunciadas para Ceuta.