Miles de personas se manifestaron en Barcelona la tarde del 9 de octubre para reclamar garantías de acceso a una vivienda y recordar a Maricarmen y Olga. La marcha comenzó en la plaza Universitat y recorrió el centro de la ciudad; la Guardia Urbana cifró la asistencia en unas 3.000 personas y las organizaciones convocantes la situaron en 15.000.
En la movilización participaron colectivos de vivienda y sindicatos, entre ellos la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y el Sindicat de Llogateres. Durante el acto se guardó un minuto de silencio en memoria de las dos mujeres, cuya situación se había convertido en símbolo de la emergencia habitacional para los convocantes.
La protesta defendió medidas para garantizar el acceso a la vivienda y denunció las dificultades de quienes viven de alquiler. Las diferencias entre las cifras de asistencia corresponden a estimaciones de la policía local y de los organizadores, respectivamente.
En paralelo a la marcha, activistas inauguraron la “Casa de la Vaga” en el antiguo rectorado de la Universitat de Barcelona como espacio de organización. Los convocantes anunciaron que continuarían preparando una huelga de alquileres para el 11 de noviembre; esa convocatoria era un próximo paso, no una huelga celebrada el día de la manifestación.
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El Sindicat de Llogateres deja la acampada de Barcelona para preparar la huelga de vivienda
El Sindicat de Llogateres anunció el 9 de octubre que dejaría de participar directamente en la acampada por la vivienda instalada en la plaza de Catalunya de Barcelona. La organización explicó que, tras la primera semana de movilización, concentraría su trabajo en preparar la huelga de alquileres prevista para el 11 de noviembre.
El sindicato indicó que impulsaría comités de huelga en centros de trabajo, centros educativos y barrios. También agradeció a las personas que habían iniciado y sostenido la acampada, y presentó su decisión como un cambio de prioridad organizativa.
El anuncio no significaba que la acampada se levantara ni que el sindicato abandonase sus reivindicaciones. Se refería a su participación directa en el campamento y a la reasignación de sus recursos para preparar una movilización posterior.
La decisión puso de manifiesto una diferencia de estrategia dentro de la campaña: mantener la acción de acampada y, a la vez, construir una red de comités para extender la huelga. La convocatoria del 11 de noviembre seguía siendo futura y dependía del trabajo de organización anunciado.
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Miles protestan en Barcelona por medidas contra los desahucios
El 28 de septiembre de 2026, miles de activistas por el derecho a la vivienda se concentraron en Barcelona y cortaron la avenida Diagonal para reclamar al Gobierno un decreto contra los desahucios. La movilización coincidió con la presencia del presidente Pedro Sánchez Pérez-Castejón en el Palau de Congressos de Catalunya.
La convocatoria del Sindicat de Llogateres i Llogaters de Catalunya y otras entidades reunió, según las fuentes, a unas 2.000 personas de acuerdo con la Guardia Urbana y a 20.000 según los organizadores. La concentración se desarrolló ante el Palau de Congressos, donde se celebraba la gala de los Premios Vanguardia a la que asistían Sánchez y el presidente de la Generalitat. Las cifras reflejan estimaciones distintas y atribuidas a cada parte.
Los manifestantes pidieron suspender desahucios, renovar automáticamente los contratos de alquiler, congelar la actualización de las rentas y regular los alquileres de temporada y por habitaciones. Durante la jornada también hubo cortes temporales en varios puntos de la ciudad, incluidos Diagonal, Còrsega y los alrededores de Sants. El despliegue de los Mossos d'Esquadra frenó el avance de los activistas hacia el Palau; en algunos momentos, manifestantes zarandearon y desplazaron vallas de acceso.
La protesta trasladó al Gobierno de España demandas concretas mientras la coalición negociaba un decreto de vivienda previsto para el Consejo de Ministros del día siguiente. Pedro Sánchez Pérez-Castejón defendió ese mismo lunes que se priorizara el uso residencial de la vivienda. La movilización fue una presión política sobre el Ejecutivo; no equivalió a la aprobación del decreto, que ocurrió después.