OKDIARIO publicó el 22 de octubre de 2026 una información sobre los antiguos cargos mercantiles de Maricarmen Abascal, la mujer cuyo desahucio había impulsado movilizaciones por la vivienda. El periódico la sitúa como administradora única de FIEBA y como consejera y vicesecretaria del consejo de JINUR, a partir de documentación del Registro Mercantil de Madrid que afirma haber consultado.
Según esa información, su nombramiento en JINUR se acordó el 1 de julio de 1994 y su cese como vicesecretaria se aceptó el 1 de julio de 1995. El objeto social descrito por el medio incluía invertir en inmuebles y arrendarlos, además de urbanizar y parcelar terrenos. Se trata de cargos históricos, anteriores en más de tres décadas a su desahucio.
En otra pieza publicada ese mismo día, el diario atribuyó a JINUR un capital social de 950 millones de pesetas en 1994, dividido en 950.000 acciones al portador. Esa cifra corresponde al capital de la sociedad: la información citada no identifica una participación accionarial de Maricarmen Abascal ni permite atribuirle ese patrimonio personalmente.
La documentación oficial consultada aporta un matiz sobre FIEBA: un anuncio del BOE del 1 de junio de 1982 la denomina sociedad de inversión mobiliaria y convoca su junta general. Ese anuncio acredita la existencia y denominación de la entidad, pero no identifica a Maricarmen Abascal ni demuestra sus cargos. La atribución de estos procede de la investigación publicada por OKDIARIO.
La publicación se produjo quince días después de la muerte de Maricarmen Abascal, confirmada el 7 de octubre por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Su desahucio del 23 de septiembre había provocado protestas que se extendieron a otras ciudades. Ambos acontecimientos forman parte del contexto de la Crisis de la vivienda en España; los cargos descritos no establecen una relación causal con su fallecimiento.
8 octubre 2026jueves·1
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Una marcha en Madrid homenajea a Maricarmen y reclama el derecho a la vivienda
Unas 20.000 personas, según la Delegación del Gobierno, marcharon desde la Puerta del Sol hasta la antigua vivienda de Maricarmen Abascal. La convocatoria del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid unió el homenaje a la mujer con una protesta por el acceso a la vivienda.
Recorrido y homenaje
La marcha comenzó alrededor de las 20:00 y llegó al entorno de la calle Alcalde Sainz de Baranda. Durante el trayecto se oyeron consignas como «No son muertes, son asesinatos» y «La lucha sigue». Al final, las personas asistentes guardaron un minuto de silencio ante el portal.
Una reivindicación política
La movilización se celebró el mismo día en que la Asamblea de Madrid rechazó una iniciativa para guardar un minuto de silencio por la muerte de Maricarmen. Las organizaciones convocantes reclamaron protección frente a los desahucios y respuestas a la crisis habitacional. La cifra de asistencia corresponde a la Delegación del Gobierno.
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Muere Maricarmen Abascal, símbolo de la lucha contra los desahucios
Maricarmen Abascal, de 87 años, falleció en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid después de permanecer ingresada desde el desahucio de su vivienda, ejecutado el 23 de septiembre. El Sindicato de Inquilinas confirmó la muerte. Su caso había provocado concentraciones y acampadas por el derecho a la vivienda en varias ciudades.
La mujer fue trasladada en camilla durante el desalojo, una imagen que se difundió ampliamente y convirtió su situación en emblema de las movilizaciones contra los desahucios. Abascal llevaba décadas viviendo en el piso de alquiler del distrito de Retiro del que fue desalojada. El procedimiento había generado protestas vecinales y un debate público sobre las garantías disponibles para personas mayores vulnerables.
Su fallecimiento tuvo lugar mientras seguían abiertas las reivindicaciones por su caso y por el acceso a una vivienda asequible. Las organizaciones convocantes habían reclamado cambios para evitar desalojos de personas en situación de vulnerabilidad y mayor protección para los inquilinos. La muerte intensificó las reacciones políticas en plena discusión de los decretos de vivienda y tras el adelanto de las elecciones generales.
Las fuentes informaron de que llevaba quince días hospitalizada. La hora exacta del fallecimiento no consta en la cobertura consultada; la fecha del evento se registra con hora estimada de baja precisión.
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Sindicatos acuerdan convocar una huelga general por la vivienda para el 11 de noviembre
Una alianza de organizaciones sindicales y de vivienda acordó convocar una huelga general de 24 horas para el 11 de noviembre. La decisión se anunció tras una reunión celebrada el miércoles y reunió a la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, UGT, CCOO, CGT, CNT, Acción Social de Solidaridad Obrera y Co.Bas. La convocatoria se planteó como protesta por las dificultades para acceder a una vivienda y por el encarecimiento de los alquileres.
El comunicado conjunto de UGT y CCOO vinculó el paro con los salarios y la especulación inmobiliaria. Entre las demandas mencionadas por las organizaciones figuraban contratos de alquiler indefinidos, reducciones de los precios, frenar los desahucios y ampliar el parque público de vivienda. También propusieron gravar la riqueza y limitar la compra especulativa.
Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid y de la confederación estatal, defendió que la movilización debía construirse desde la base y sumar a trabajadores de distintos sectores. La convocatoria trasladó el conflicto habitacional desde las protestas en la calle al ámbito laboral y sindical.
La decisión llegó en medio del debate parlamentario sobre los decretos de vivienda y después de que el rechazo del Congreso a esas medidas llevara a Pedro Sánchez a convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. La huelga todavía debía organizarse territorialmente y sus reivindicaciones concretarse con las entidades participantes.
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Acampados por la vivienda se concentran ante el Congreso tras caer los decretos
Cientos de personas vinculadas a la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol se concentraron el 2 de octubre junto al Congreso de los Diputados mientras se debatían los decretos de vivienda. Tras conocerse que la Cámara los había rechazado, los manifestantes expresaron su enfado con gritos de «vergüenza» y reclamaciones de una huelga general, según las crónicas de EFE y Europa Press.
La protesta reunió a personas acampadas y a representantes de sindicatos, asociaciones y otros colectivos. La movilización se desarrolló a pocos metros del edificio parlamentario, donde seguían la sesión y el resultado de las votaciones. EFE informó de que la concentración buscaba presionar a los diputados para que respaldaran las medidas de protección de inquilinos y hogares vulnerables.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid comunicó que la acampada en Sol continuaría después del rechazo. Sus portavoces describieron la decisión parlamentaria como un motivo para mantener la organización en la calle y trasladar las reivindicaciones a los barrios, además de participar en las movilizaciones convocadas para los días siguientes.
La organización volvió a plantear una huelga general por la vivienda, aunque ese día no anunció una fecha concreta para el paro. La concentración frente al Congreso y la continuidad de la acampada fueron, por tanto, respuestas inmediatas a la votación; el acuerdo posterior para fijar una fecha de huelga fue un hecho distinto.
Una jueza remite al TSJM la petición de desalojo de la acampada de Sol
Una jueza de lo contencioso-administrativo de Madrid remitió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el recurso con el que la Comunidad de Madrid pedía el desalojo urgente de la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol. La decisión del 2 de octubre resolvió qué órgano debía estudiar el asunto, pero no ordenó desalojar a los manifestantes ni se pronunció sobre el fondo de la petición.
La magistrada entendió que el juzgado no tenía competencia objetiva porque el recurso cuestionaba la actuación del delegado del Gobierno, un órgano de la Administración periférica del Estado. Por esa razón elevó las actuaciones a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para que determinase si debía asumir el procedimiento.
La Comunidad de Madrid había solicitado medidas cautelarísimas para que la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional despejaran la plaza. La Fiscalía y la Abogacía del Estado también consideraron que el tribunal superior era el órgano competente; la Administración autonómica aceptó que se remitiera allí el expediente si el juzgado compartía ese criterio.
Con la remisión, las partes disponían de diez días para comparecer ante el TSJM. Solo después de que el tribunal decidiera si asumía el asunto podía examinar la solicitud de desalojo urgente. La resolución, por tanto, abrió una fase procesal posterior y no equivalía a aceptar la medida cautelar pedida por el Gobierno regional.
El recurso se dirigía contra la acampada de la Puerta del Sol, impulsada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid en protesta por la crisis de vivienda y el desahucio de una vecina de 87 años. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, había anunciado el día anterior que acudiría a la Justicia para solicitar que se levantara la protesta.
26 septiembre 2026sábado·2
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Manifestantes inician una acampada en Sol tras la marcha por la vivienda
Después de la manifestación por la vivienda del 26 de septiembre, un grupo de asistentes comenzó una acampada espontánea en la Puerta del Sol de Madrid. La acción prolongó la protesta más allá de la marcha que había recorrido el centro desde Sol hasta el Congreso y buscó mantener la presión sobre el Gobierno.
La protesta previa había sido convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid bajo el lema «Ni una Maricarmen más». La Delegación del Gobierno estimó que acudieron unas 25.000 personas, mientras que el sindicato calculó una participación mucho más alta. La acampada tuvo lugar después del cierre de esa manifestación; la noticia de La Razón se publicó a las 22:30.
Quienes permanecieron en la plaza reclamaron la aprobación del denominado «decreto Maricarmen», en respuesta al desahucio de Maricarmen Abascal. Entre las propuestas vinculadas al decreto estaban la protección frente a los desalojos, la prórroga de contratos y cambios para regular alquileres de temporada y por habitaciones.
La acampada transformó una concentración de varias horas en una acción de permanencia en un espacio central de la capital. La convocatoria inmediata se atribuyó a los asistentes que decidieron quedarse; las fuentes describen su continuidad como una forma de sostener las demandas de vivienda dirigidas al Gobierno.
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Una marcha en Madrid exige medidas contra los desahucios y cambios en el alquiler
Miles de personas se manifestaron en Madrid el 26 de septiembre bajo el lema «Ni una Maricarmen más», tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años. La protesta comenzó hacia las 18:30 en la Puerta del Sol, pasó por el Ayuntamiento y concluyó ante el Congreso de los Diputados. La Delegación del Gobierno calculó unas 25.000 personas; las organizaciones convocantes ofrecieron una cifra mayor.
La marcha fue convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y reclamó medidas contra los desalojos y cambios en la regulación del alquiler. Entre las consignas se pidió al Gobierno que asumiera responsabilidad y protegiera el derecho a la vivienda. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, estuvo entre las asistentes.
La movilización culminó una semana de protestas relacionadas con el caso de Abascal. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas había propuesto un «decreto Maricarmen» con medidas permanentes para prevenir desahucios y reformas sobre alquileres de temporada y por habitaciones.
La organización también había planteado congelar precios, prorrogar contratos vigentes y establecer renovaciones automáticas. La protesta trasladó esas demandas al centro político de la capital, ante el Congreso y el Gobierno, mientras se negociaban medidas de vivienda dentro de la coalición y con otros grupos parlamentarios.