Political Atlas

El diputado Jon Iñarritu comunicó que no formará parte de las próximas candidaturas de Euskal Herria Bildu al Congreso. Anunció que, tras quince años de representación en las Cortes Generales, volverá a la militancia de base y deja abierta la posibilidad de asumir otras responsabilidades en el futuro.

Su trayectoria parlamentaria ha incluido escaños en el Congreso y en el Senado. La decisión significa que no buscará renovar su mandato como diputado en las próximas elecciones.

La decisión se produjo mientras la coalición preparaba la composición de sus candidaturas. Iñarritu explicó que su compromiso político continuaría, pero que en esta ocasión daría un paso atrás en la primera línea electoral.

La formación debía completar después su procedimiento interno para proponer y aprobar las listas. El relevo de Iñarritu y la distribución de puestos se resolverían en ese proceso, por lo que su anuncio no anticipaba quién ocuparía su lugar en la candidatura por Gipuzkoa.

Mertxe Aizpurua comunicó el 11 de octubre que no volvería a encabezar la candidatura de Euskal Herria Bildu al Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre. La portavoz parlamentaria tomó la decisión por iniciativa propia y afirmó que consideraba terminada una etapa de su trayectoria política. También preveía jubilarse próximamente.

Aizpurua tenía 66 años y había sido una de las principales representantes públicas de EH Bildu en la Cámara Baja durante tres legislaturas. La renuncia se refería a su continuidad como candidata; no implicaba que dejara inmediatamente su escaño ni su función parlamentaria antes de que concluyera la legislatura.

El anuncio se produjo antes de que la coalición aprobara sus listas. EH Bildu había previsto presentar sus propuestas de candidaturas al Congreso y al Senado el 16 de octubre para Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. Después, la militancia debía votar telemáticamente los días 17 y 18, con la proclamación de las listas prevista para el 19.

La retirada abría una vacante política de relevancia en la lista de Gipuzkoa y obligaba a la coalición a resolver su relevo dentro de ese procedimiento. En el momento del anuncio no se había comunicado quién ocuparía el primer puesto ni cómo quedaría la composición final de la candidatura.

Esquerra Republicana de Catalunya y Euskal Herria Bildu anunciaron el 10 de octubre que volverán a concurrir juntas al Senado en las elecciones generales del 29 de noviembre. La decisión se comunicó mediante un escrito conjunto y reedita la coalición con la que ambas formaciones se presentaron a la Cámara Alta en 2023.

Los partidos explicaron que quieren mantener una fórmula que consideran útil para defender los intereses de Cataluña y del País Vasco y para ampliar las coberturas sociales. En el comunicado describieron la cooperación como una manera de sumar fuerzas frente a un posible Gobierno del “bloque reaccionario”, expresión que atribuyeron a la amenaza electoral de PP y Vox.

La vivienda apareció también entre los asuntos que las dos organizaciones situaron en el centro de la campaña. Se comprometieron a contribuir a garantizar el derecho a la vivienda y a defender a las personas afectadas por la emergencia habitacional. Esa posición enlaza el acuerdo electoral con el malestar social que había marcado las semanas previas.

La coalición anunciada se refiere al Senado; las noticias del día no detallaron el reparto de candidaturas ni las circunscripciones en las que concurrirán. El comunicado sí presentó la alianza como continuidad de una cooperación parlamentaria previa y como una apuesta para coordinar la representación de ambas fuerzas en la Cámara Alta.

El anuncio formaliza una de las alianzas electorales conocidas al comienzo de la precampaña. No equivale a una coalición general con otras fuerzas de izquierda ni resuelve las negociaciones que otros partidos mantenían por separado para el Congreso o el Senado.

El 30 de septiembre, Carles Puigdemont y Arnaldo Otegi se reunieron en la Casa de la República, en Waterloo (Bélgica), para intercambiar impresiones sobre la política española y el contexto internacional. EH Bildu informó del encuentro, al que también asistió Gorka Elejabarrieta, responsable de Relaciones Políticas de la formación.

La reunión formaba parte de una ronda de contactos iniciada por EH Bildu con fuerzas soberanistas y de la izquierda confederal. Según la formación, las conversaciones pretendían abordar la situación política del Estado y los cambios en el escenario internacional.

Tras el encuentro, EH Bildu y Junts per Catalunya expresaron preocupación por el auge de las derechas autoritarias y por sus posibles consecuencias para los derechos nacionales y sociales de las sociedades vasca y catalana. Esa valoración fue atribuida a las dos formaciones y no constituye una conclusión neutral del medio.

Los participantes defendieron avanzar hacia el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado y señalaron el reconocimiento de Euskal Herria y Cataluña como naciones como parte de ese objetivo. EH Bildu y Junts per Catalunya afirmaron además que seguirían trabajando por los derechos políticos, sociales, culturales y lingüísticos de ambas sociedades.

La cita daba continuidad a otros encuentros celebrados por Puigdemont y Otegi en Waterloo en años anteriores. La información disponible la presenta como una reunión política y de coordinación de posiciones; no anunció un acuerdo parlamentario concreto ni una decisión institucional inmediata.

El PSOE y Movimiento Sumar anunciaron en el Pleno del Congreso de los Diputados que apoyarían la admisión a trámite de una proposición de Podemos para eliminar las reducciones de pensión de quienes hayan cotizado al menos 40 años y se jubilen anticipadamente. La iniciativa también plantea aplicar el cambio con carácter retroactivo a personas ya jubiladas que cumplan ese requisito.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, defendió que las carreras laborales largas no deberían traducirse en una penalización de la pensión. El portavoz socialista Alberto Mayoral justificó el respaldo de su grupo en la situación de quienes, por edad, tienen dificultades para volver al mercado laboral y aún sufren recortes por anticipar la jubilación.

Movimiento Sumar apoyó que la propuesta iniciara su tramitación, aunque Aina Vidal cuestionó que el umbral se fije de forma rígida en 40 años. Planteó que un eventual mecanismo tenga en cuenta gradualmente los años cotizados, el tiempo de anticipación y la causa de la jubilación. PNV y EH Bildu también expresaron apoyo a revisar la penalización de las carreras largas; ERC y Junts per Catalunya avanzaron su voto favorable, mientras el Partido Popular señaló objeciones al alcance y al coste de la reforma.

El respaldo anunciado permitía que la proposición comenzara el trámite legislativo, pero no suponía la aprobación definitiva de una nueva norma. La propuesta seguiría el procedimiento parlamentario ordinario, durante el que podrían debatirse cambios en los requisitos, la aplicación retroactiva y el impacto económico.

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados rechazó una proposición no de ley de Vox que pedía reafirmar la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y varios territorios del norte de África. La iniciativa obtuvo votos en contra del PSOE, Junts per Catalunya, ERC, EH Bildu y Podemos; el Partido Popular se abstuvo.

El texto solicitaba que la Cámara censurase declaraciones de responsables marroquíes sobre la soberanía de las ciudades y pidiese al Gobierno que reclamara a Marruecos una declaración expresa de respeto a la integridad territorial española. También proponía revisar el tratado bilateral de amistad y cooperación si no se atendían esas exigencias.

Entre las medidas incluidas figuraban convocar al embajador marroquí, condicionar distintas formas de cooperación bilateral y exigir la aceptación de retornos de ciudadanos marroquíes desde España. Se trataba de propuestas contenidas en la iniciativa de Vox, no de medidas aprobadas por la Comisión.

Al ser rechazada, la proposición no generó un mandato parlamentario para el Gobierno ni modificó la política exterior o migratoria. La votación dejó constancia de la posición de los grupos sobre el planteamiento de la iniciativa, incluida la abstención del Partido Popular.

El secretario general de Euskal Herria Bildu (EH Bildu), Arnaldo Otegi, pidió en la Conferencia Política de su partido alcanzar un acuerdo táctico entre fuerzas distintas para responder al avance de la extrema derecha. Propuso articular un programa de mínimos que, en su planteamiento, pudiera reunir a quienes compartan ese objetivo.

En su intervención en Vitoria, Otegi describió el momento político como una amenaza autoritaria para Euskadi y advirtió de que la extrema derecha podría llegar a gobernar en el País Vasco, Navarra y el País Vasco francés. Presentó esas perspectivas como un riesgo para los derechos y las libertades.

El dirigente defendió que la respuesta debía incluir cambios políticos y decisiones inmediatas, en lugar de limitarse a mantener las estrategias actuales. También relacionó el crecimiento de la extrema derecha con la pérdida de capacidad de la democracia para resolver problemas sociales.

Como prioridades para hacerle frente, Otegi mencionó garantizar condiciones de vida dignas, la ejemplaridad pública y la ausencia de corrupción. La intervención expuso la posición de EH Bildu en su conferencia y no anunció un acuerdo ya alcanzado con otras formaciones.

El Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu difundieron una declaración conjunta en la que reclamaron el reconocimiento político de la nación vasca y una nueva relación entre Euskal Herria y el Estado español basada en la bilateralidad y el respeto mutuo. El texto propone que esa relación se concrete en un nuevo estatus jurídico y político que respete la voluntad democrática de la ciudadanía vasca.

Las dos formaciones presentaron la declaración con motivo del 150 aniversario de la abolición de los Fueros y del 50 aniversario del Movimiento de Alcaldes de Bergara. También reivindicaron el derecho de la ciudadanía vasca a decidir democráticamente su futuro político y describieron Euskal Herria como una comunidad política con identidad propia.

La declaración conjunta muestra una posición compartida en torno al autogobierno y al reconocimiento nacional, aunque no detalla un procedimiento pactado ni equivale a una reforma institucional acordada con el Estado. Los partidos anunciaron que conmemorarían las efemérides en un acto posterior en Bergara.