El Gobierno aprueba 180 millones para vivienda asequible en comunidades con zonas tensionadas
El Consejo de Ministros aprobó el 20 de octubre de 2026 un real decreto de subvenciones directas por 180 millones de euros para comunidades autónomas con zonas de mercado residencial tensionado. La medida del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana pretende ampliar la oferta de alquiler asequible o social y reducir la presión sobre sus precios.
El programa comprende 317 municipios de Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias y Galicia. La distribución comunicada asigna 119,4 millones a Cataluña, 31 al País Vasco, 13,3 a Navarra, 5,9 a Asturias y 10,2 a Galicia. En esta última comunidad las áreas incluidas son A Coruña y Santiago de Compostela.
Los fondos pueden financiar promoción y rehabilitación de viviendas, adquisición y urbanización de suelo residencial y compra de inmuebles para alquiler social o asequible. También se contempla cubrir impagos de rentas. Son usos autorizados del programa, cuya aprobación no equivale a viviendas terminadas ni a dinero ya ejecutado.
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, presentó las ayudas como parte de las obligaciones públicas asociadas a la declaración de zonas tensionadas. La decisión del Gobierno de España responde a la Crisis de la vivienda en España mediante financiación territorial. Se articula mediante un real decreto, distinto de los decretos leyes que requieren convalidación parlamentaria.
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Entra en vigor el decreto ley estatal con medidas urgentes de vivienda
El Real Decreto-ley 29/2026 entró en vigor tras su publicación en el BOE. Aprobado por el Consejo de Ministros el 6 de octubre, debía ser sometido a convalidación de la Diputación Permanente del Congreso dentro del plazo previsto.
Medidas y alcance
La norma limita hasta finales de 2030 determinadas compras por grandes tenedores por debajo del precio de mercado, con excepciones. También prevé compensaciones estatales a las comunidades autónomas por la protección de inquilinos vulnerables y permite prórrogas extraordinarias de alquiler en los supuestos fijados por el texto.
El decreto regula además la actualización de rentas y ciertos alquileres temporales y por habitaciones. Prolonga la suspensión de algunos desahucios cuando se acreditan vulnerabilidad y falta de alternativa habitacional. Cada medida queda sujeta a sus requisitos legales; algunas requieren actuación o cooperación autonómica.
El BOE acredita la entrada en vigor y el contenido jurídico. La convalidación parlamentaria seguía pendiente.
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Junts retoma la negociación con el Gobierno para un decreto contra los desahucios
Junts per Catalunya se mostró dispuesto a retomar las conversaciones con el Gobierno sobre un nuevo decreto de vivienda, en el contexto de las protestas por el desahucio de Maricarmen Abascal. La formación condicionó la negociación a partir de las propuestas que había entregado al presidente Pedro Sánchez Pérez-Castejón a comienzos de septiembre.
El Ejecutivo aspiraba a llevar el texto al Consejo de Ministros el martes siguiente, con medidas para prevenir desahucios. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez García, mantenía contactos con los grupos para superar las diferencias sobre suelo, incentivos fiscales y protección residencial.
La vuelta de Junts a la mesa era relevante para la mayoría parlamentaria: el partido había sido clave en el rechazo de un decreto anterior y sus votos podían determinar la convalidación de uno nuevo. La negociación seguía abierta y no había un acuerdo cerrado el día 24.
Entre las posiciones de Junts figuraban incentivos fiscales para que propietarios ofrecieran viviendas en alquiler, deducciones para inquilinos y respeto a las competencias de la Generalitat. La formación también rechazaba mezclar en un solo decreto vivienda y otros asuntos. En paralelo, el portavoz de ERC Gabriel Rufián Romero cuestionó que el Gobierno negociara con Junts los límites de la política de vivienda. El hecho registrado es la reanudación de contactos, no la aprobación de las medidas anunciadas.
Sánchez presenta el portal de Casa 47 con 800 viviendas públicas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó en Madrid el portal de la entidad pública Casa 47, que puso a disposición información sobre unas 800 viviendas. El Ejecutivo anunció que se incorporarían otras 1.500 unidades en una fase posterior; no todas estaban disponibles en el lanzamiento.
La iniciativa se enmarcó en la política estatal de ampliar la oferta de vivienda asequible. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, acompañó a Sánchez en la presentación del portal.
Según el Gobierno, los alquileres se limitarían al 30 % de los ingresos de los hogares adjudicatarios y los contratos tendrían una duración inicial de 14 años, con posibles extensiones. Esas condiciones se presentaron como parte del diseño del programa.
El portal pretendía centralizar la información y facilitar el acceso a las viviendas gestionadas por la entidad. La medida amplió los canales públicos de oferta, aunque el anuncio de unidades futuras no equivalía a su disponibilidad inmediata.
El Gobierno decidió el 27 de julio aplazar hasta septiembre la aprobación del real decreto ley de vivienda que esperaba llevar al Consejo de Ministros del día siguiente. La decisión se tomó ante la falta de votos suficientes para asegurar la convalidación parlamentaria, según las informaciones publicadas ese día.
La norma proyectada incluía una prórroga extraordinaria de contratos de alquiler y límites a las subidas de renta. El Ejecutivo consideró que someterla a votación sin apoyos podía conducir a su rechazo, por lo que trasladó la decisión al inicio del siguiente periodo político tras el verano.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, había defendido el decreto como una respuesta a las dificultades de acceso a la vivienda. La falta de respaldo de Podemos, entre otras discrepancias parlamentarias, impedía al Gobierno reunir una mayoría clara para aprobarlo.
El aplazamiento mantuvo las medidas en fase de propuesta y prolongó la incertidumbre sobre su entrada en vigor. La decisión afectaba al calendario legislativo estatal y al debate sobre la regulación del alquiler.