Isabel Perelló defiende la independencia judicial en la apertura del año judicial
En la ceremonia de apertura del año judicial, celebrada en el Tribunal Supremo, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, María Isabel Perelló Domènech, defendió la independencia de los jueces y pidió respeto institucional. Las crónicas sitúan el acto a mediodía; la hora registrada es aproximada.
Perelló calificó de grave atribuir a los jueces decisiones basadas en razones políticas y advirtió de que la descalificación pública puede convertirse en una forma de presión. Su intervención se produjo en un contexto de fuerte controversia política sobre resoluciones judiciales y el funcionamiento de las instituciones.
La presidenta sostuvo que la crítica es legítima, pero debe respetar la función jurisdiccional y la separación de poderes. En su discurso también reclamó lealtad institucional y confianza en la Justicia.
El acto reunió a las principales autoridades judiciales y marcó el inicio formal del nuevo curso. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, también intervino y aludió a la situación de Ceuta; esa intervención es distinta y no se incorpora como un segundo hecho en esta ficha.
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional respalda por unanimidad a la jueza del caso Ceuta
El 4 de septiembre, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional aprobó por unanimidad de sus nueve integrantes un acuerdo de respaldo a la jueza María Tardón, que instruía diligencias sobre la entrada masiva en Ceuta. El órgano sostuvo que la magistrada actuaba dentro de sus funciones jurisdiccionales y que su decisión de preservar la reserva de una investigación policial no interfería en la seguridad nacional.
El acuerdo respondió a la controversia abierta después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladara su preocupación a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló. Marlaska consideraba que la información policial podía ser relevante para la gestión de una crisis de esa magnitud; la jueza había solicitado que los agentes no compartieran con sus superiores el contenido de las diligencias.
La Sala de Gobierno recordó que las unidades de Policía Judicial dependen funcionalmente de los jueces y fiscales en las investigaciones que tienen encomendadas y deben mantener reserva sobre su evolución. También agradeció la respuesta de Perelló, quien había defendido la independencia judicial y pedido respeto a la magistrada.
La resolución fue un pronunciamiento institucional sobre la actuación judicial en la causa, no una decisión sobre el fondo de la investigación ni sobre las responsabilidades por los hechos de julio. El conflicto entre el Ejecutivo y el órgano judicial se refería al manejo de información reservada en el procedimiento vinculado a la Entrada masiva de personas en Ceuta.
El CGPJ responde a Marlaska y respalda la actuación de la jueza Tardón en el caso de Ceuta
La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, contestó la carta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la reserva impuesta por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón a los policías que elaboraron un informe para su investigación sobre Ceuta. Perelló afirmó que Tardón había actuado en el ejercicio de sus funciones constitucionales y pidió respeto a la independencia judicial.
Marlaska había expresado su preocupación porque el equipo investigador no pudiera informar a sus superiores sobre el contenido del informe. Argumentó que la información podía ser relevante para que el Gobierno cumpliera sus responsabilidades de seguridad nacional, y sostuvo que informar a los jueces y a los responsables políticos podía ser compatible.
En su respuesta, Perelló señaló que los órganos de gobierno judicial no pueden aprobar, censurar ni corregir las actuaciones de los jueces. También recordó que la colaboración con los órganos judiciales es obligatoria y que la Policía Judicial debe atender los requerimientos de jueces, tribunales y Fiscalía, con independencia de su dependencia administrativa.
La carta no resolvió el fondo de la investigación sobre la entrada masiva ni determinó responsabilidades por los avisos previos. Sí fijó la posición institucional del CGPJ frente a la queja ministerial: respaldó la actuación de la instructora y defendió que la decisión sobre la reserva del informe correspondía al ámbito judicial. La controversia se desarrolló en el contexto de la investigación de los hechos ocurridos en Ceuta los días 30 y 31 de julio.
El CGPJ pide refuerzos temporales para los juzgados de Ceuta
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pidió el 18 de agosto refuerzos temporales para los juzgados de Ceuta, tras conocer un informe que describía un aumento extraordinario de la carga de trabajo durante la crisis migratoria.
El Consejo consideró necesarias dos comisiones de servicio: una para apoyar el servicio de guardia y otra para el órgano con competencia en violencia sobre la mujer y delitos sexuales. También acordó aplazar el cese del juez que prestaba apoyo en esa plaza.
La petición de apoyo administrativo incluía un gestor, dos tramitadores y un funcionario de auxilio judicial. El CGPJ trasladó además la necesidad de incorporar dos intérpretes y un servicio urgente de tasación pericial para el servicio de guardia.
El Consejo comunicó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la necesidad de personal experimentado mientras durase la crisis, y pidió al tribunal superior competente que iniciara los trámites para solicitar las medidas. El refuerzo respondía a la presión sobre los órganos judiciales de Ceuta y se vincula al tema Entrada masiva de personas en Ceuta.
17 julio 2026viernes·1
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La Comisión Europea pide más separación entre la Fiscalía y el Gobierno español
La Comisión Europea publicó sus recomendaciones de Estado de derecho para España y pidió continuar separando los mandatos del Fiscal General del Estado y del Gobierno, además de adecuar la autonomía de la Fiscalía a las normas europeas. El informe anual también evaluó la independencia judicial, la lucha contra la corrupción, la libertad de prensa y los contrapesos institucionales.
Bruselas reconoció avances en el estatuto del Ministerio Fiscal y en la revisión de la Ley de Secretos Oficiales, pero señaló que siguen pendientes cambios sobre conflictos de intereses, declaraciones patrimoniales de altos cargos y regulación de los grupos de presión. También observó que no había mejorado la aplicación práctica de las reglas anticorrupción ya existentes pese a la aprobación del plan estatal.
La Comisión recomendó reforzar la independencia y las capacidades del órgano de supervisión y continuar la tramitación de un registro obligatorio de lobistas. En materia judicial, pidió completar la adaptación del sistema de nombramiento del Consejo General del Poder Judicial a los estándares europeos.
El informe es una evaluación y un conjunto de recomendaciones; no constituye una resolución judicial ni impone por sí mismo cambios legislativos inmediatos. La Comisión indicó que parte de sus observaciones prolongan recomendaciones de años anteriores.