Movimiento Sumar anunció el 9 de octubre la elección de Verónica Martínez Barbero como su representante dentro del proceso del Frente Amplio. La votación interna le otorgó el 98% de los apoyos, según la formación y las crónicas publicadas ese día.
La decisión resolvió la posición de Sumar en la negociación para articular una candidatura y un espacio común de izquierdas. La dirección presentó a Martínez Barbero como candidata de su organización dentro de ese proyecto; no se trató de una elección de la candidata o candidato de todo el Frente Amplio.
La propuesta se produjo mientras continuaban las conversaciones con otras fuerzas y dirigentes. Entre las opciones que se habían mencionado en el debate público figuraban Ada Colau y Toni Valero, y el propio proceso seguía abierto a acuerdos posteriores.
El resultado daba a Sumar una voz definida en esas conversaciones y podía influir en la composición y el liderazgo del espacio estatal. La candidatura común, sin embargo, requería todavía el acuerdo de las demás organizaciones participantes.
La representante de Sumar, Verónica Martínez Barbero, anunció el sábado 12 de septiembre que su formación pediría la intervención del Defensor del Pueblo ante las comunidades autónomas que rechazaban acoger a menores migrantes llegados a Ceuta. La declaración se difundió durante la cobertura en directo de la respuesta política a la llegada de finales de julio.
Barbero sostuvo que la recepción de menores era una obligación legal y reclamó que las comunidades asumieran su parte en el sistema de acogida. La iniciativa anunciada consistía en solicitar que el Defensor del Pueblo investigara la negativa de esas administraciones y actuara dentro de sus competencias.
La portavoz criticó al Partido Popular por la posición de gobiernos autonómicos bajo su dirección. La noticia presentó esas afirmaciones como la valoración política de Sumar; no describió una resolución del Defensor del Pueblo ni una investigación ya iniciada.
El anuncio trasladó el debate sobre la distribución de menores desde la negociación entre gobiernos a una posible intervención de una institución estatal de supervisión. La medida seguía pendiente de formalizarse, según la información publicada.