El Gobierno aprueba 180 millones para vivienda asequible en comunidades con zonas tensionadas
El Consejo de Ministros aprobó el 20 de octubre de 2026 un real decreto de subvenciones directas por 180 millones de euros para comunidades autónomas con zonas de mercado residencial tensionado. La medida del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana pretende ampliar la oferta de alquiler asequible o social y reducir la presión sobre sus precios.
El programa comprende 317 municipios de Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias y Galicia. La distribución comunicada asigna 119,4 millones a Cataluña, 31 al País Vasco, 13,3 a Navarra, 5,9 a Asturias y 10,2 a Galicia. En esta última comunidad las áreas incluidas son A Coruña y Santiago de Compostela.
Los fondos pueden financiar promoción y rehabilitación de viviendas, adquisición y urbanización de suelo residencial y compra de inmuebles para alquiler social o asequible. También se contempla cubrir impagos de rentas. Son usos autorizados del programa, cuya aprobación no equivale a viviendas terminadas ni a dinero ya ejecutado.
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, presentó las ayudas como parte de las obligaciones públicas asociadas a la declaración de zonas tensionadas. La decisión del Gobierno de España responde a la Crisis de la vivienda en España mediante financiación territorial. Se articula mediante un real decreto, distinto de los decretos leyes que requieren convalidación parlamentaria.
El Gobierno decidió el 27 de julio aplazar hasta septiembre la aprobación del real decreto ley de vivienda que esperaba llevar al Consejo de Ministros del día siguiente. La decisión se tomó ante la falta de votos suficientes para asegurar la convalidación parlamentaria, según las informaciones publicadas ese día.
La norma proyectada incluía una prórroga extraordinaria de contratos de alquiler y límites a las subidas de renta. El Ejecutivo consideró que someterla a votación sin apoyos podía conducir a su rechazo, por lo que trasladó la decisión al inicio del siguiente periodo político tras el verano.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, había defendido el decreto como una respuesta a las dificultades de acceso a la vivienda. La falta de respaldo de Podemos, entre otras discrepancias parlamentarias, impedía al Gobierno reunir una mayoría clara para aprobarlo.
El aplazamiento mantuvo las medidas en fase de propuesta y prolongó la incertidumbre sobre su entrada en vigor. La decisión afectaba al calendario legislativo estatal y al debate sobre la regulación del alquiler.