El TJUE avala la ley española de amnistía frente al Derecho de la Unión

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el Derecho comunitario no se opone a la ley española de amnistía y descartó que la extinción de la responsabilidad contable por los gastos del procés afecte por sí misma a los intereses financieros de la Unión. También concluyó que la norma no vulnera la directiva europea antiterrorista en los términos planteados por los tribunales españoles.

La sentencia tuvo origen en cuestiones prejudiciales elevadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. El TJUE consideró que la norma persigue reducir tensiones políticas y facilitar la reconciliación, y que no infringe los principios europeos de igualdad y no discriminación.

El fallo no amnistió automáticamente a ninguna persona ni resolvió la situación procesal de Carles Puigdemont: la aplicación concreta correspondía a los tribunales españoles y el Tribunal Constitucional aún debía pronunciarse sobre la malversación atribuida al expresidente catalán. La decisión sí eliminó obstáculos basados en el Derecho de la Unión para aplicar la ley.

La resolución abrió una nueva fase del debate político. El Gobierno, la Generalitat y partidos independentistas reclamaron la aplicación de la norma, mientras el PP señaló que el tribunal no se había pronunciado sobre la constitucionalidad ni sobre la oportunidad política de la ley.