Un descarrilamiento y una colisión entre dos trenes en Adamuz causan 46 muertos
El 18 de enero de 2026 se produjo una colisión ferroviaria en Adamuz, en la provincia de Córdoba, después de que descarrilara la parte trasera de un tren de Iryo que cubría el trayecto Málaga-Madrid e invadiera la vía contigua, por la que circulaba un Alvia de Renfe entre Madrid y Huelva. El accidente dejó 45 fallecidos durante la primera semana y el balance se elevó a 46 el 30 de enero, tras la muerte de una persona hospitalizada. La emergencia movilizó a las administraciones y abrió investigaciones técnicas y judiciales.
La secuencia del accidente
La reconstrucción presentada durante los primeros días situó el impacto alrededor de las 19:43. Los coches traseros del Iryo quedaron fuera de su vía y el Alvia colisionó con ellos cuando ambos convoyes estaban en movimiento. Dos de los primeros vagones del Alvia terminaron en un terraplén de unos cuatro metros, lo que dificultó el acceso de los equipos y la recuperación de las víctimas. Las investigaciones de esa semana redujeron a menos de nueve segundos el intervalo entre el descarrilamiento y la colisión.
El siniestro interrumpió la conexión de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. La retirada de los trenes, la conservación de las evidencias y la reparación de la infraestructura condicionaron la recuperación del servicio. Los primeros cálculos de cuándo podría reabrirse la línea fueron previsiones sujetas al desarrollo de esos trabajos, no fechas de reapertura ya cumplidas.
Rescate, atención e identificación
Los vecinos y los servicios del Ayuntamiento de Adamuz participaron en la primera respuesta. El Hogar del Pensionista y la Caseta Municipal sirvieron para recibir a viajeros y familiares, con atención sanitaria y psicosocial. Durante el 19 de enero se organizó el traslado de familiares al Centro Cívico de Poniente, en Córdoba, para centralizar la información y las gestiones de identificación. La incertidumbre sobre las personas desaparecidas se prolongó mientras se accedía a los vagones más dañados.
La Junta de Andalucía, presidida por Juan Manuel Moreno Bonilla, coordinó los recursos sanitarios y de emergencia autonómicos. Según la cronología que difundió, el primer aviso al 112 llegó a las 19:45, el dispositivo sanitario se activó a las 19:47 y la primera ambulancia alcanzó el Iryo a las 20:02. La actuación se produjo de noche, en un entorno rural con dificultades de acceso y dos trenes afectados. El conocimiento inicial del accidente y la localización y asistencia de cada vagón son aspectos distintos de la respuesta.
La recuperación y la identificación de cuerpos modificaron el balance durante varios días. El 20 de enero se informaba de 42 fallecidos y seguían existiendo denuncias de desaparición. El 22 se comunicó la recuperación e identificación de los dos últimos cuerpos que completaban las 45 desapariciones denunciadas. Fernando Grande-Marlaska, titular del Ministerio del Interior, explicó las actuaciones de la Guardia Civil, incluida la recogida de pruebas. El balance publicado el 25 de enero contabilizaba 126 heridos atendidos; con datos de la tarde anterior, 22 seguían hospitalizados y cinco adultos permanecían en cuidados intensivos.
Dos investigaciones con finalidades diferentes
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) examinó técnicamente el suceso para determinar sus causas y proponer medidas preventivas. En paralelo, la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro asumió la investigación judicial. La Fiscalía Provincial de Córdoba constituyó un equipo de tres fiscales para colaborar en una causa cuya complejidad ya advertía durante esa primera semana. La investigación técnica no sustituía la determinación judicial de responsabilidades.
El informe preliminar difundido el 23 de enero planteó como principal hipótesis que el carril se hubiera fracturado antes del paso del Iryo. Los investigadores analizaron muescas con patrones compatibles en ruedas del tren accidentado y de otras composiciones que habían circulado previamente. La hipótesis vinculaba la discontinuidad del carril con el descarrilamiento, pero requería cálculos, ensayos y análisis posteriores. La existencia de una rotura no explicaba todavía por qué se había producido ni acreditaba por sí sola una responsabilidad concreta.
La Guardia Civil documentó el escenario mediante un primer atestado con más de 2.500 fotografías y recogió testimonios y registros de los trenes. Las piezas de vía, las ruedas y los datos de circulación debían examinarse junto con los antecedentes de inspección y mantenimiento. Al cierre de la semana seguían siendo necesarias pruebas de laboratorio para contrastar las explicaciones provisionales.
La respuesta de Transportes y de los operadores
Óscar Puente Santiago, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigió la información pública del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y compareció para explicar las actuaciones y las evidencias disponibles. El 21 de enero anunció su disposición a comparecer en el Congreso y a promover explicaciones de los responsables de Adif y Renfe. El ministerio defendió la necesidad de esperar a las conclusiones técnicas y mantener la atención a víctimas y familiares.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) expuso las revisiones realizadas en el tramo después de la renovación de 2025. Su presidente, Luis Pedro Marco de la Peña, afirmó que asumiría las consecuencias si la investigación acreditaba una acción u omisión propia relacionada con el accidente. La explicación sobre inspecciones previas y esa declaración debían contrastarse con las pesquisas: no equivalían a una conclusión definitiva sobre el estado del carril ni sobre sus causas de rotura.
Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe-Operadora, se desplazó a Adamuz y comunicó la colaboración de sus equipos con las emergencias. El 24 de enero la compañía difundió una revisión de las comunicaciones de su centro de operaciones: situó una primera llamada de la interventora del Alvia a las 19:46:24 y otra comunicación con el 112 de Madrid y Adif a las 20:01:20. Estos registros aportaban información a la reconstrucción de los avisos, sin resolver por sí solos todas las preguntas sobre los tiempos de asistencia sobre el terreno.
El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón, anunció el 19 de enero tres días de luto oficial y comprometió apoyo a las personas afectadas en coordinación con la Junta de Andalucía y las autoridades locales. La respuesta combinó rescate, identificación, apoyo a las familias, recuperación del transporte e investigación. La evolución aquí descrita se centra en las publicaciones del 19 al 25 de enero; la actualización del balance a 46 fallecidos corresponde al 30 de enero y se incorpora para diferenciarla de las cifras conocidas durante la primera semana.
