El verano de 2026 dejó una de las campañas de incendios forestales más graves registradas en España. El fuego afectó a comunidades de norte a sur, destruyó amplias superficies forestales y agrícolas y obligó a evacuar o confinar a numerosas poblaciones. Las altas temperaturas, la sequedad de la vegetación y episodios de viento favorecieron la propagación de varios grandes incendios simultáneos, que exigieron una respuesta coordinada de administraciones autonómicas y estatales.

Una campaña extraordinaria

El dispositivo estatal de campaña se adelantó al 1 de junio ante las previsiones de un verano muy cálido y seco. La situación confirmó el riesgo: casi dos de cada tres días del verano estuvieron bajo condiciones de ola de calor, según el balance de Protección Civil. El 29 de septiembre, el Ministerio del Interior informó de que desde comienzos de año se habían registrado 8.122 siniestros forestales y ardido 275.209 hectáreas, un 151 % por encima de la media del decenio. Se habían confirmado 45 grandes incendios forestales, que concentraron cerca del 80 % de la superficie quemada.

Julio: varios grandes fuegos se encadenan

La fase más crítica comenzó en julio. En Almería, el incendio de Los Gallardos causó numerosas víctimas mortales y se convirtió en uno de los episodios más graves por su impacto humano. En el interior peninsular, los fuegos de Burgohondo, en Ávila, y La Mierla, en Guadalajara, alcanzaron dimensiones excepcionales, mientras los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, en Madrid, amenazaban poblaciones y espacios naturales. El avance de las llamas llegó a afectar a territorios de Ávila, Madrid y Toledo.

El 23 de julio, ante la simultaneidad de frentes, las condiciones meteorológicas y el riesgo para zonas habitadas, el Ministerio del Interior declaró por primera vez una emergencia de interés nacional por incendios forestales y activó la Situación Operativa 3. La dirección de la emergencia pasó al ámbito estatal y la dirección operativa se encomendó al jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME). La declaración permitió coordinar recursos de distintas administraciones ante una emergencia que rebasaba los límites autonómicos.

Durante los días siguientes se produjeron evacuaciones y confinamientos en decenas de municipios. El Centro de Coordinación Operativa Integrado destacó que los incendios sometieron a una gran presión los dispositivos de extinción y protección civil. A finales de julio, el Gobierno declaró zonas afectadas por emergencias de protección civil en catorce comunidades autónomas, incluyendo territorios afectados por más de dos centenares de episodios catastróficos registrados desde marzo.

Nuevos focos durante agosto

Agosto mantuvo la presión sobre los servicios de extinción. En Aragón, el incendio de Las Peñas de Riglos obligó a evacuar a más de mil personas y afectó a una extensa superficie. En Zamora, otro fuego en el entorno de La Tejera motivó el desalojo de varias localidades. En Andalucía, el incendio de Niebla, en Huelva, se sumó a los grandes episodios del verano. En Madrid, un nuevo incendio en Aldea del Fresno obligó a evacuar urbanizaciones y confinar temporalmente a vecinos de Villamantilla; fue estabilizado esa misma noche.

Los episodios tuvieron evoluciones y causas distintas. Las superficies publicadas durante la emergencia fueron provisionales y variaron con las mediciones posteriores; por ello, los balances de cada incendio deben leerse atendiendo a su fecha y fuente. Las investigaciones sobre el origen de algunos fuegos continuaron tras su extinción. La existencia de detenciones o personas investigadas no determina por sí misma la culpabilidad, que corresponde establecer a los tribunales.

Víctimas, daños y recuperación

El balance nacional comunicado por Protección Civil al cierre de septiembre contabilizó 21 víctimas mortales durante la campaña, entre ellas el cabo de la UME Javier García Sancho, fallecido en acto de servicio. El incendio de Los Gallardos, en Almería, fue la tragedia con mayor número de víctimas. Además del coste humano, los incendios dañaron viviendas, explotaciones agrarias y ganaderas, negocios, infraestructuras y espacios naturales. Las evacuaciones interrumpieron la vida cotidiana y la actividad económica de numerosas localidades.

La respuesta posterior incluyó ayudas públicas, evaluación de daños y actuaciones para recuperar servicios e infraestructuras. En las zonas forestales afectadas, las tareas de emergencia dieron paso a trabajos de seguridad, control de la erosión y restauración ambiental. La recuperación del suelo y de los ecosistemas es más lenta que la extinción y requiere seguimiento durante años.

Una emergencia que prolongó la campaña

El 29 de septiembre, el Gobierno amplió hasta el 31 de octubre la campaña estival de incendios para mantener operativos los dispositivos mientras persistiera el riesgo. El balance oficial describió una temporada de condiciones meteorológicas extremas y de incendios de gran complejidad, con fuegos que superaron la capacidad ordinaria de respuesta en varios territorios.

La campaña de 2026 dejó como cuestiones centrales la prevención, la gestión del territorio, la protección de las poblaciones cercanas al monte y la coordinación entre administraciones. También mostró que las cifras nacionales resumen experiencias locales muy distintas: detrás de cada perímetro quemado hubo evacuaciones, pérdidas, equipos de emergencia y procesos de reconstrucción que continuaron después de apagadas las llamas.