Caso Leire Díez

Leire Díez Castro es una exmilitante del PSOE que ocupó puestos de comunicación y relaciones institucionales en el sector público. Fue concejala socialista en Vega de Pas, responsable de comunicación en la empresa pública Enusa y directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos. Díez sostiene que algunas de sus reuniones y conversaciones respondían a trabajos periodísticos y ha negado actuar por encargo del partido. El nombre caso Leire se aplica a varias líneas judiciales, no a una única acusación sencilla.

Contratos vinculados a empresas públicas

Una línea de investigación en la Audiencia Nacional examina presuntas irregularidades en contratos relacionados con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), sus empresas y otras entidades públicas. Las diligencias analizan adjudicaciones, intermediaciones y pagos que podrían haberse canalizado mediante contratos de asesoría. La UCO ha investigado operaciones empresariales y vínculos entre Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, el empresario Antxón Alonso y otras personas.

La hipótesis policial contempla posibles comisiones a cambio de influir en decisiones de contratación. También se han investigado operaciones que afectarían a empresas públicas como Correos y Enusa. La existencia de un contrato o de una relación profesional no demuestra por sí sola que hubiera una adjudicación amañada: cada operación y la participación atribuida a cada persona requieren acreditación propia.

Reuniones sobre investigaciones judiciales

Otra línea se centra en reuniones y conversaciones sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO), fiscales y otras personas relacionadas con causas que afectaban al PSOE o al Gobierno. Tras conocerse grabaciones y mensajes, los investigadores examinaron si Díez y otras personas buscaron información comprometedora para desacreditar o dificultar investigaciones judiciales. La hipótesis de la UCO apunta a que algunas gestiones podían servir para debilitar esas pesquisas.

Díez ha defendido que investigaba posibles actuaciones irregulares y ha negado que su propósito fuera obstaculizar a la justicia. Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización del PSOE, también figura investigado en relación con esta trama; él ha negado ordenar maniobras para frenar causas. Entre las personas que aparecen en las diligencias están Fernández, Alonso y Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y antiguo responsable de Correos. Sus vínculos y las atribuciones de los investigadores deben distinguirse en cada línea: aparecer en las diligencias no equivale a que todos participaran en un mismo plan.

Diligencias recientes y situación

Durante 2026 se añadieron diligencias sobre posibles presiones a Beatriz Biedma, la jueza que instruyó el procedimiento contra David Sánchez. En octubre, Biedma compareció como perjudicada en la investigación y se hicieron públicas referencias de la UCO a presuntas maniobras para hostigarla o apartarla de la causa. Se investiga esa línea para determinar qué ocurrió y quién pudo intervenir; la información divulgada no demuestra por sí sola quién la ordenó ni la participación de Díez en cada acto.

La Fiscalía Anticorrupción apreció indicios que justificaban seguir examinando la posible implicación del PSOE, pero consideró prematuro pedir que el partido fuera imputado antes de practicar diligencias pendientes. Las calificaciones penales mencionadas varían según la persona y la pieza e incluyen posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsedad documental, prevaricación o coacciones. A 17 de octubre de 2026 no existe una sentencia que declare probados los hechos atribuidos a Díez en estas causas. Las personas investigadas conservan la presunción de inocencia.