Caso Koldo

El caso Koldo es el nombre público de varias investigaciones relacionadas con Koldo García Izaguirre, exasesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos. La operación policial que dio origen al asunto se denominó Operación Delorme y se centró inicialmente en contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia de COVID-19. Con el avance de las pesquisas, «caso Koldo» pasó a usarse también para otras piezas sobre contratos públicos y presuntas comisiones, aunque sus objetos y estados procesales son distintos.

La operación de las mascarillas

Koldo García trabajó como asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes. José Luis Ábalos fue ministro entre 2018 y 2021 y secretario de Organización del PSOE entre 2017 y 2021. La investigación inicial examinó el papel de García como intermediario entre responsables públicos y empresas proveedoras, en particular Soluciones de Gestión, vinculada al empresario Víctor de Aldama.

Los contratos se adjudicaron en un contexto de emergencia sanitaria y abarcaron organismos estatales y administraciones autonómicas. Los investigadores trataron de determinar si se utilizaron contactos políticos para facilitar adjudicaciones y si se pagaron comisiones a cambio. La Guardia Civil detuvo a García en febrero de 2024. Ábalos no fue investigado desde el primer momento; informes posteriores de la UCO y otras diligencias llevaron a examinar su posible intervención.

El juicio y las condenas

La causa de las mascarillas llegó al Tribunal Supremo por la condición de diputado de Ábalos. En el juicio de 2026, la acusación sostuvo que hubo una estructura que facilitó contratos y pagos ilícitos. Ábalos y García rechazaron los delitos y defendieron que las compras se realizaron legalmente. Aldama reconoció pagos y colaboró con la investigación, circunstancia que el tribunal tuvo en cuenta al fijar su condena.

En junio de 2026, el Tribunal Supremo condenó a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, a García a 19 años y ocho meses y a Aldama a cuatro años y medio, por delitos que incluyeron organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. La sentencia dio por acreditados hechos en esa pieza de contratos de mascarillas y de contratación de personas en empresas públicas. En octubre, el Supremo rechazó el incidente de nulidad presentado por Ábalos y García; sus defensas aún pueden acudir en amparo al Tribunal Constitucional.

La rama de obra pública

Otra línea investiga presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública durante la etapa de Ábalos en el ministerio. Santos Cerdán, que sucedió a Ábalos como secretario de Organización del PSOE, figura investigado en esta rama por una presunta intervención en adjudicaciones y pagos vinculados a empresas constructoras. Cerdán ha negado los hechos. La Fiscalía Anticorrupción pidió prorrogar esta investigación en junio de 2026 por la cantidad de material pendiente y porque no descartaba nuevas diligencias.

Por eso, el nombre «caso Koldo» puede aludir al juicio de las mascarillas ya sentenciado o al conjunto de investigaciones que comparten personas, empresas o conexiones. Para organizar eventos, conviene asociar cada uno con la pieza que describe: mascarillas y juicio por un lado; obra pública y situación de Cerdán por otro. La sentencia del Supremo sobre las mascarillas no determina automáticamente la responsabilidad de otras personas que aparezcan en piezas distintas.