Caso Zapatero

El caso Zapatero reúne las investigaciones judiciales sobre la presunta intervención de José Luis Rodríguez Zapatero en una red de intermediación y tráfico de influencias vinculada, entre otros negocios, al rescate público de Plus Ultra. La causa examina si el expresidente utilizó sus contactos para favorecer decisiones administrativas y recibió pagos encubiertos como servicios profesionales. Del registro de su despacho surgió, además, una pieza separada sobre unas joyas y su posible relevancia fiscal y aduanera. Zapatero niega haber cometido delitos. El procedimiento continúa en fase de investigación: las sospechas del instructor y las declaraciones de otros investigados no constituyen una condena. Claves de la investigación.

El antecedente: el rescate de Plus Ultra

El 9 de marzo de 2021, el Consejo de Ministros autorizó una ayuda de 53 millones de euros a Plus Ultra, dentro del mecanismo de apoyo a empresas estratégicas afectadas por la pandemia y gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La financiación se articuló mediante un préstamo participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones: eran préstamos sujetos a devolución, no una subvención a fondo perdido. La operación abrió un debate sobre el carácter estratégico de la aerolínea, su situación económica y los criterios utilizados para concederle financiación pública. Condiciones del rescate.

La primera investigación sobre la concesión de esa ayuda, impulsada tras denuncias de Manos Limpias, PP y Vox, fue archivada en enero de 2023 al no apreciarse una comisión de delito suficientemente justificada. Ese archivo se refería a las diligencias entonces examinadas; la investigación posterior incorporó información internacional y nuevas sospechas sobre el destino de fondos y los pagos a intermediarios. Antecedentes y archivo.

Por qué empezó la investigación actual

El origen de la causa actual se sitúa en 2024, cuando las autoridades de Francia y Suiza solicitaron cooperación a España en una investigación sobre una presunta red de blanqueo relacionada con Venezuela. Esas actuaciones llevaron a la Fiscalía Anticorrupción a examinar operaciones de Plus Ultra y el posible uso irregular de parte del dinero del rescate. La hipótesis investigada incluía fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas con Venezuela y transferencias internacionales para ocultar su origen. Origen internacional de la causa.

La causa se hizo pública con los registros y detenciones de diciembre de 2025. La querella que Manos Limpias presentó contra Zapatero el 23 de diciembre, apoyada en declaraciones televisivas de Víctor de Aldama y otras informaciones, fue posterior al comienzo de esas pesquisas. Por tanto, ni esa querella ni las declaraciones de Aldama explican por sí solas el origen de la investigación. Reconstrucción de la secuencia.

Quiénes son los principales protagonistas

Zapatero, presidente del Gobierno entre 2004 y 2011, desarrolló después actividades de mediación internacional y consultoría. Una figura central en la causa es el empresario Julio Martínez Martínez, propietario de Análisis Relevante, consultora para la que trabajó el expresidente. Debe distinguirse de Julio Martínez Sola, que presidía Plus Ultra cuando recibió el rescate. También está investigado el antiguo consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli. Las dos personas apellidadas Martínez tienen funciones diferentes en los hechos examinados. Actores y relaciones profesionales.

La investigación la dirige José Luis Calama, magistrado de la Audiencia Nacional, con actuaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción. Las pesquisas alcanzan también a sociedades que habrían recibido o canalizado pagos, entre ellas la agencia Whathefav, de Laura y Alba Rodríguez Espinosa. Su inclusión en las diligencias responde a operaciones empresariales investigadas; el parentesco con Zapatero no demuestra participación delictiva. Investigación de los movimientos económicos.

Las claves: influencias, contratos y recorrido del dinero

La cuestión central es si hubo servicios reales de consultoría o pagos destinados a remunerar influencias ilícitas. Para los investigadores, determinados contratos y sociedades pudieron servir para justificar transferencias y ocultar a sus beneficiarios. Zapatero sostiene que prestó asesoramiento político e internacional legítimo y que las empresas relacionadas desarrollaron trabajos efectivos. La existencia de pagos o de contactos políticos necesita contrastarse con su finalidad y con las actuaciones concretas atribuidas a cada persona. Posición del expresidente ante el juez.

Uno de los puntos principales es una remuneración equivalente al 1 % del rescate: unos 530.000 euros. Julio Martínez Martínez atribuyó a Zapatero la dirección de las gestiones para obtener financiación, pero declaró que desconocía con qué responsables del Gobierno o de la SEPI habría hablado. Esa limitación es relevante: su declaración incrimina al expresidente, pero no identifica por sí misma una actuación administrativa concreta obtenida mediante presión. Declaración de Julio Martínez.

El seguimiento bancario constituye otra línea esencial. En julio de 2026, el juez autorizó examinar movimientos de cerca de 60 cuentas, desde enero de 2020, para reconstruir el recorrido de los fondos entre clientes, sociedades intermediarias y posibles destinatarios. Los investigadores pretenden determinar qué servicios justificaban las transferencias y si existía una estructura para encubrirlas. La autorización de esas diligencias permite investigar una hipótesis; no acredita anticipadamente que todas las operaciones fueran ilícitas. Alcance de las diligencias bancarias.

Qué dicen Zapatero y quienes le señalan

El 2 de marzo de 2026, en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, Zapatero negó haber facilitado el rescate y haberse reunido con el exministro José Luis Ábalos para tratarlo. La comparecencia parlamentaria formó parte del debate político, pero no convierte el caso Plus Ultra en la misma causa judicial que el caso Koldo. Comparecencia en el Senado.

El 17 de junio, ya ante el juez, rechazó haber influido en la ayuda y defendió su actividad de consultor. Después emitió un comunicado en el que reivindicó su honradez y pidió confianza. El instructor mantuvo los indicios que sustentaban la investigación, pero no impuso medidas cautelares al expresidente, al no apreciar señales de intención de fuga. Declaración y decisión judicial.

En julio, Julio Martínez Martínez sostuvo por escrito y ante el juez que el expresidente orientaba las gestiones del rescate. Zapatero respondió públicamente que sus trabajos habían sido legales y rechazó entrar en la estrategia de defensa del empresario. En una entrevista del 23 de julio resumió así su posición:

«No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate a Plus Ultra».
José Luis Rodríguez Zapatero, entrevista en RTVE, 23 de julio de 2026. Entrevista y explicaciones.

En septiembre, Julio Martínez Sola confirmó ante el juez que entendía que el pago del 1 % iba destinado al denominado «grupo Zapatero», aunque precisó que el dinero se entregó a empresas del entorno de Julio Martínez Martínez, no directamente al expresidente. También admitió desconocer las gestiones concretas realizadas. Sus explicaciones modificaban su posición anterior en el Senado, donde había negado trato de favor. Son declaraciones de otro investigado que deben contrastarse con documentos, comunicaciones y movimientos bancarios. Declaración del expresidente de Plus Ultra.

La pieza separada de las joyas

En el registro del despacho de Zapatero, practicado el 19 de mayo de 2026, se encontraron joyas cuya valoración preliminar ascendió a 1.323.915 euros. El 12 de junio, el juez abrió una pieza separada para investigar posibles delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando, relacionados con su procedencia, adquisición e introducción en España y con las obligaciones tributarias o aduaneras que pudieran corresponder. Esa cifra es una tasación, no una cantidad de dinero acreditada como comisión ni una cuota fiscal defraudada. Apertura de la pieza separada.

La defensa explicó posteriormente que los conjuntos de mayor valor procedían de un obsequio personal del rey de Arabia Saudí en 2007. Esa versión abrió una cuestión adicional: si eran regalos recibidos por su condición de presidente y debían haberse incorporado al patrimonio público. El 23 de octubre de 2026, Anticorrupción pidió investigar también una posible malversación. Se trataba de una petición de la Fiscalía, no de una condena ni de una conclusión definitiva del instructor. Solicitud de Anticorrupción.

El 27 de octubre, se conoció la respuesta de Patrimonio del Estado sobre los regalos institucionales y la decisión de Calama de rechazar una comisión rogatoria a Arabia Saudí solicitada por la defensa. El juez consideró insuficiente la corroboración aportada para justificar esa diligencia. La decisión no resolvía definitivamente el origen de las joyas; el magistrado dejó para otra resolución la petición fiscal sobre malversación. Información de Patrimonio. Decisión sobre la comisión rogatoria.

Cronología de los principales acontecimientos

9 de marzo de 2021. El Gobierno autoriza los préstamos de 53 millones a Plus Ultra. Enero de 2023. Se archiva la primera investigación sobre la concesión del rescate. 2024. Las peticiones de cooperación de Francia y Suiza impulsan las nuevas pesquisas sobre presunto blanqueo. Antecedentes de la causa.

11 de diciembre de 2025. La UDEF registra la sede de Plus Ultra y detiene a responsables de la aerolínea dentro de la investigación por blanqueo. La operación hace público un procedimiento que ya estaba en marcha. Registros y detenciones.

2 de marzo de 2026. Zapatero comparece en el Senado y niega haber facilitado el rescate. 19 de mayo. Se conoce su citación como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, y se registra su despacho. Comparecencia parlamentaria. Investigación al expresidente.

12 de junio. Se abre la pieza sobre las joyas. 17 de junio. El expresidente declara ante Calama, niega los delitos y queda sin medidas cautelares. Su declaración, inicialmente prevista para el 2 de junio, había sido aplazada para preparar su defensa. Pieza de las joyas. Declaración judicial.

20 y 21 de julio. Julio Martínez Martínez presenta un escrito y declara atribuyendo a Zapatero gestiones para lograr el rescate. 23 de julio. El expresidente reitera su inocencia en una entrevista. 29 de julio. Se conoce la autorización judicial para ampliar el rastreo de cuentas bancarias. Declaración de Martínez. Entrevista. Diligencias bancarias.

7 de septiembre. Martínez Sola ratifica su versión sobre los pagos por intermediación. 21 de septiembre. El juez cita a Laura y Alba Rodríguez Espinosa como investigadas para el 30 de noviembre y ordena nuevas diligencias periciales sobre las joyas. Declaración de Martínez Sola. Nuevas citaciones.

23 y 27 de octubre. La petición fiscal de investigar una posible malversación y las decisiones sobre los regalos institucionales añaden una nueva discusión jurídica a la pieza de las joyas. Petición fiscal. Diligencias posteriores.

Repercusión política y cuestiones pendientes

El PP y Vox han utilizado la causa para exigir explicaciones y responsabilidades al Gobierno de Pedro Sánchez, al considerar que las sospechas sobre influencias obligan a aclarar cómo se aprobó el rescate y quién pudo intervenir. Vox reclamó también una moción de censura. Esas acusaciones pertenecen al debate político y no equivalen a decisiones judiciales sobre la responsabilidad del Gobierno. Reacciones políticas.

Zapatero mantiene que sus ingresos respondían a trabajos legales y que no intervino ante el Gobierno ni la SEPI. También ha defendido la actividad profesional de Whathefav y anunciado que se aportarían sus trabajos y contratos. La discrepancia con quienes le señalan se refiere, por tanto, a la naturaleza de los servicios, el destino de los pagos y la existencia de gestiones de influencia. Respuesta de Zapatero.

A 28 de octubre de 2026, los puntos centrales pendientes son acreditar qué actuaciones realizó cada investigado, determinar si los pagos tenían una justificación profesional efectiva y esclarecer el origen y tratamiento jurídico de las joyas. Las declaraciones fijadas para noviembre seguían siendo diligencias futuras. El desarrollo de la instrucción deberá determinar si existen elementos suficientes para formular acusación y abrir juicio o si procede archivar alguna de las líneas investigadas. Diligencias pendientes. Última resolución examinada.