El Constitucional inadmite el recurso del Defensor del Pueblo por el voto de los nacionalizados por la ley de nietos
El Pleno del Tribunal Constitucional decidió el 21 de octubre no admitir a trámite el recurso de amparo del Defensor del Pueblo que pedía restablecer el voto de personas nacionalizadas mediante la llamada ley de nietos. La resolución dejó en manos del Tribunal Supremo la continuación del procedimiento, a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La mayoría consideró prematuro el recurso porque seguía abierta la vía judicial ordinaria: el Supremo había habilitado un plazo para que los afectados comparecieran y formularan alegaciones antes de pronunciarse de nuevo sobre las medidas cautelares. El Constitucional no examinó el fondo de la controversia.
La votación fue de diez magistrados a favor de la inadmisión y dos en contra. El recurso, presentado por el Defensor del Pueblo, pretendía que se levantara la suspensión cautelar del sufragio que afectaba a más de 160.000 personas inscritas en el censo exterior, según las informaciones publicadas.
La decisión no resolvió si las personas afectadas podrían votar finalmente. El expediente volvió al Supremo y a las actuaciones para acreditar los supuestos de nacionalidad, mientras el calendario electoral avanzaba. El asunto afecta a la preparación de las elecciones generales, tema al que está vinculado Elecciones generales 2026.
La representante de Sumar, Verónica Martínez Barbero, anunció el sábado 12 de septiembre que su formación pediría la intervención del Defensor del Pueblo ante las comunidades autónomas que rechazaban acoger a menores migrantes llegados a Ceuta. La declaración se difundió durante la cobertura en directo de la respuesta política a la llegada de finales de julio.
Barbero sostuvo que la recepción de menores era una obligación legal y reclamó que las comunidades asumieran su parte en el sistema de acogida. La iniciativa anunciada consistía en solicitar que el Defensor del Pueblo investigara la negativa de esas administraciones y actuara dentro de sus competencias.
La portavoz criticó al Partido Popular por la posición de gobiernos autonómicos bajo su dirección. La noticia presentó esas afirmaciones como la valoración política de Sumar; no describió una resolución del Defensor del Pueblo ni una investigación ya iniciada.
El anuncio trasladó el debate sobre la distribución de menores desde la negociación entre gobiernos a una posible intervención de una institución estatal de supervisión. La medida seguía pendiente de formalizarse, según la información publicada.